La Comunidad de Madrid se sitúa entre las regiones con mayores cuotas en la red de colegios concertados, con una media de 135,90 euros mensuales y casos de familias que llegan a pagar hasta 5.700 euros al año. El último informe de Cicae denuncia que el cien por cien de los centros visitados en Madrid cobra a las familias una cuota base obligatoria, pese a que la ley establece la gratuidad de la enseñanza sostenida con fondos públicos.
La Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) ha presentado la décima edición de su Estudio de Cuotas y Precios en Colegios Concertados, un análisis que año tras año destapa la falta de gratuidad en una parte importante del sistema educativo español. En esta ocasión, el informe vuelve a situar a la Comunidad de Madrid en el centro del debate: esa imposición de cuotas base a las familias, pese a que legalmente deberían ser voluntarias.
Madrid, la tercera comunidad más cara
Los datos son contundentes. En Madrid, la cuota máxima registrada alcanza los 277 euros mensuales por alumno, lo que sitúa a la región como la tercera más cara de España, solo por detrás de Cataluña y Comunidad Valenciana. La media madrileña sigue una tendencia ascendente y se sitúa ya en 135,90 euros al mes, con un 66 por ciento de los centros que superan los 1.500 euros al año solo en concepto de cuota base.
Cuando se suman las tarifas por servicios complementarios -comedor, actividades y otros recargos-, la factura anual por escolarizar a un niño en un concertado madrileño oscila entre los 1.300 y los 5.700 euros, una cifra muy alejada de la gratuidad que marca la normativa para las enseñanzas obligatorias.
Exclusión de alumnos
Más allá de lo económico, el estudio refleja un problema social: la exclusión de alumnado por impago de cuotas. Si a nivel estatal, un 11 por ciento de los niños pueden ser apartados por esta razón, en la Comunidad de Madrid ese porcentaje se dispara hasta el 29 por ciento de los colegios visitados.
Las consecuencias para los menores son significativas: desde tener que entrar más tarde o salir antes del horario escolar, hasta ser separados en aulas distintas o quedar fuera de actividades consideradas 'esenciales' para el proyecto educativo del centro. Cicae recoge frases textuales escuchadas en las entrevistas a los colegios: “El niño entraría una hora después o saldría una hora antes; si no, tendría que irse a casa o pagar custodia (189€/mes)”; “Si no se paga, el alumno no podría asistir a actividades complementarias necesarias para el desarrollo del proyecto educativo”.
Amparo Núñez, directora de proyectos de Garlic B2B, asegura, según resultados del estudio realizado, que "las entidades sin ánimo de lucro son las que generan más casos de exclusión frente a las congregaciones religiosas".
El análisis también revela que Madrid es una de las comunidades con mayor presencia de colegios de titularidad mercantil (50,5 ciento), frente a los de congregaciones religiosas o cooperativas. Esto se traduce en una gestión más orientada al beneficio económico, con cuotas más elevadas y una mayor presión hacia las familias.
La polémica sobre la mercantilización de la educación concertada ha cobrado fuerza tras la reciente venta del grupo Educare -titular de ocho colegios en Madrid, siete de ellos en suelo público- a la aseguradora suiza Swiss Life por 200 millones de euros. Desde Cicae denuncian que este tipo de operaciones muestran que “los colegios concertados se están convirtiendo en un negocio rentable, financiado en parte con fondos públicos”, algo que contradice el espíritu original del modelo.
Falta de transparencia en la información
El estudio advierte de un problema adicional en Madrid: la opacidad en la información de precios. Según la normativa publicada en diciembre de 2023 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, los centros están obligados a incluir en sus webs un apartado visible con todos los precios de cuotas y servicios. Sin embargo, la verificación realizada por la Asociación de Colegios Privados e Independientes muestra que el 41 por ciento de los centros no cumplen del todo con esta obligación y un 16 por ciento no publica ninguna información.
Además, se detecta un cambio deliberado en la terminología empleada: 12 colegios madrileños han sustituido el concepto de “actividades complementarias” por “extraescolares”, lo que implica un control menos estricto por parte de la Consejería de Educación. Pese a ello, las actividades siguen realizándose en horario escolar -entre las 9.00 y las 17.00 horas-, incumpliendo la Lomloe, que prohíbe que las actividades complementarias formen parte de la jornada obligatoria.
El informe, elaborado con la metodología de 'mystery shopper', ha consistido en simulaciones de familias interesadas en matricular a sus hijos en segundo ciclo de infantil para el curso 2025-2026. Durante meses, se recopilaron testimonios, documentos y respuestas de los colegios para constatar cómo se presentan y justifican las cuotas.
Elena Cid, directora general de Cicae, lanza un mensaje contundente: “Tras diez años de estudios, es evidente que muchos colegios concertados están desvirtuando el modelo, que nació sin ánimo de lucro. Hoy en Madrid observamos cómo se imponen cuotas obligatorias, se fomenta la segregación escolar y se permite la entrada de fondos de inversión en un sistema financiado con dinero público. La inacción de las administraciones es preocupante”.
Aunque Cataluña sigue liderando las cuotas más elevadas, con casos extremos de hasta 11.000 euros anuales, la Comunidad de Madrid se ha consolidado como un ejemplo de cómo la concertada ha adoptado una lógica empresarial, trasladando el coste a las familias y generando desigualdad en el acceso a la educación.
"No cobramos por la enseñanza, sino por servicios complementarios"
Tras la publicación del informe de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), los propios centros educativos concertados han salido al paso para matizar el alcance de estas aportaciones.
En declaraciones a este medio, Juan Luis Yagüe, CEO de los Colegios Casvi, rechaza de plano que se cobre a las familias por la enseñanza sostenida con fondos públicos. "Los colegios concertados tienen derecho a la enseñanza gratuita y cumplimos con esa obligación. Lo que existe son servicios complementarios que, de forma transparente, se ofrecen a las familias", explica.
Yagüe subraya que las actividades complementarias y extraescolares no forman parte del horario lectivo regulado y, por tanto, requieren de financiación aparte. "Si un colegio sacara a un alumno de clase en horario lectivo para obligarle a pagar, perdería el concierto, porque eso es ilegal. Lo que hacemos es dar a los padres un servicio adicional fuera del horario lectivo. Y esa oferta, como es lógico, tiene un coste", añade.
Este tipo de actividades, sostiene, cuentan con el visto bueno de la administración. "Pedimos autorización a la Dirección de Área Territorial y solo se llevan a cabo si son aprobadas. Hablar de cuotas obligatorias es un cúmulo de inexactitudes", afirma.
En su opinión, el informe de Cicae busca alimentar un debate recurrente que distorsiona la realidad. "Llevan diez años diciendo lo mismo. Quieren hacer creer que los padres pagan dos veces, pero no es cierto: no pagan enseñanza, pagan complementarias y extraescolares si deciden contratarlas", concluye.
El estudio de Cicae sobre las cuotas en los colegios concertados de Madrid también ha recibido respuesta desde Escuelas Católicas, la patronal mayoritaria de la enseñanza concertada en la región. Su secretario general, Emilio Díaz, considera que el documento es “parcial” y que utiliza una metodología discutible.
“Es un informe de una entidad a la que se le paga mucho dinero y que sustenta unas acusaciones que no se corresponden con la realidad. Año tras año se repite el mismo esquema, confundiendo conceptos y presentando cifras irreales”, señala Díaz.
En su opinión, el problema radica en la forma en la que se agrupan distintos tipos de gastos. “Si mezclamos el precio del comedor escolar, que es legítimo; con las actividades complementarias, que deben ser aprobadas por el consejo escolar o la administración; con la venta de material, las aportaciones voluntarias o cualquier otro servicio, lo que conseguimos es inflar artificialmente la cantidad final. Y eso no refleja la realidad de los colegios concertados”, explica.
Díaz insiste en que los centros cuentan con transparencia y que las familias conocen qué conceptos son voluntarios. “Un cobro que no tenga autorización administrativa o que no se corresponda con un servicio previsto en el concierto es irregular. Pero los colegios trabajan con cuentas claras y cumplen la normativa. Explicamos los precios, que son voluntarios, y si una familia no los paga, simplemente no participa en esas actividades”, asegura.
Por ello, subraya que, si hubiera irregularidades, corresponde a la administración intervenir: “Para eso está la inspección educativa. Si alguien cree que un centro no cumple, lo que tiene que hacer es denunciarlo, y serán los inspectores quienes determinen si hay infracción o no”.
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