El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida ha recibido un duro varapalo judicial tras la decisión del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 de Madrid, que ha declarado nulo el decreto aprobado en abril de 2024 por el concejal presidente del distrito Centro, Carlos Segura. Esta medida había suprimido la llamada Carta Aval, un mecanismo que
permitía a personas sin domicilio fijo empadronarse en centros sociales del barrio de
Lavapiés.
La sentencia, que todavía puede ser recurrida, estima el recurso presentado por el Colectivo AGAR (integrado en la Red Interlavapiés) y condena al Ayuntamiento al pago de las costas del proceso. La magistrada considera que el Consistorio vulneró derechos fundamentales al omitir el trámite de audiencia en el procedimiento administrativo, lo que implica la nulidad de pleno derecho de la resolución.
El fallo judicial reprocha al Ayuntamiento que justificara la supresión de la Carta Aval en un supuesto exceso de empadronamientos ficticios sin aportar pruebas. Según la jueza, los datos disponibles no permiten hablar de un número excesivo, especialmente teniendo en cuenta la realidad social del distrito Centro, donde numerosas familias y personas migrantes sobreviven en condiciones de gran vulnerabilidad.
La resolución también contextualiza el impacto de la turistificación en la zona y cómo el aumento de pisos turísticos y el encarecimiento de los alquileres han empujado fuera del barrio a buena parte de su tejido social, dificultando aún más el acceso a una vivienda digna para colectivos vulnerables.
El fallo supone un respaldo al trabajo de entidades vecinales como AGAR y Valiente Bangla, que durante años han facilitado la regularización administrativa de personas migrantes en Madrid. El Ayuntamiento, por el momento, no ha confirmado si recurrirá la sentencia.
La concejala de Más Madrid, Cuca Sánchez, ha celebrado la decisión judicial como una “gran victoria” para los colectivos sociales: “Lo primero que queremos hacer es felicitar a los colectivos por su victoria. Es una gran victoria frente a la cacicada del concejal de Centro, Carlos Segura. La Justicia ha dado la razón al colectivo AGAR y ha anulado el decreto del PP que eliminaba la Carta Aval, con la que personas sin domicilio fijo podían empadronarse en entidades vecinales como AGAR y Valiente Bangla. La sentencia es tajante y demoledora: la resolución no se ajusta a Derecho y queda anulada. Fue una decisión mezquina del PP, basada en bulos, como ha quedado demostrado, sobre supuestos empadronamientos ficticios que nunca existieron”.
Sánchez, además, hizo hincapié en las "consecuencias nefastas" para "miles de familias, niños y niñas que, sin padrón, no pueden acceder a la asistencia sanitaria, escolarización o la vivienda. "Martínez-Almeida les niega sus derechos más básicos y les invisibiliza. Por eso este fallo judicial es tan importante: porque devuelve la dignidad y los derechos a quienes más lo necesitan".
Respuesta del Ayuntamiento
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha confirmado que el Consistorio estudia recurrir la sentencia: “Lo están estudiando los servicios jurídicos, porque efectivamente la sentencia de lo que habla es de un tema procedimental, de una posible ausencia de una audiencia pública. Por lo tanto, son los servicios jurídicos los que nos tendrán que decir si existe esa vía para poder recurrirla" y añadía: "Y desde luego, si es así, lo haremos, porque creo que hay que dar seguridad jurídica y que los empadronamientos tienen que hacerse con todas las garantías. La propia sentencia alude a que está en la capacidad del Ayuntamiento la retirada de esas cartas aval, de modo que hablamos de un tema procedimental y formal. Veremos si los servicios jurídicos nos indican que debemos recurrir y, si es así, por supuesto lo haremos”
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