Los vecinos del distrito madrileño de Barajas viven con creciente preocupación por la okupación de un antiguo edificio de oficinas situado en la calle Trespaderne, a apenas 70 metros de la sede de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Más de 40 personas residen de forma ilegal en el inmueble, convertido en foco de conflictos y delitos que han transformado la rutina diaria de los residentes, tal y como ha informado el diario El Mundo.
Según denuncian los vecinos, la inseguridad se ha disparado: robos, menudeo de droga, asaltos a comercios e incluso incendios de vehículos. Los residentes aseguran que algunos de los okupas provienen del aeropuerto de Barajas, desalojados en julio tras meses de pernoctar en sus terminales, y otros del conflictivo “Hotel Okupa” de San Blas, con antecedentes de reyertas y agresiones. Aunque hay familias con niños que no generan problemas, un grupo de ocupantes conflictivos ha disparado la tensión.
La asociación vecinal Vecinos Barrio del Aeropuerto reclama una intervención urgente de las autoridades. Por el momento, Policía Nacional y Policía Municipal mantienen dispositivos en la zona, pero los vecinos consideran que resultan insuficientes. Como medida de autoprotección, han creado un grupo de WhatsApp con más de 200 participantes para alertar de incidentes y ya preparan una manifestación el 23 de septiembre frente al edificio okupado.
El propietario del 63 por ciento del inmueble, Santiago Liébana, recuerda que el edificio fue sede de un almacén de juguetes y oficinas hasta quedar vacío hace dos décadas. Tras su okupación el año pasado, denunció la situación en abril y ha solicitado la declaración de ruina para poder demolerlo. “Repararlo costaría más de la mitad de su valor tasado. Nuestra intención es vender el solar para que vuelva a tener un uso seguro”, afirma. Liébana subraya además la paradoja de que el edificio se encuentre “a 30 metros de la UCO y a 70 de la mayor comisaría de Policía Local”, sin que se haya evitado su degradación. Durante estos meses, el inmueble ha sufrido expolio de materiales, enganches ilegales de luz y agua, y su estado es deplorable.
Preguntado por esta situación, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que “el Ayuntamiento está poniendo medios desde Policía Municipal para prevenir incidentes”, aunque ha recalcado que “la responsabilidad última recae en los propietarios, que deben instar la acción judicial para proceder a la desocupación del inmueble”. Mientras tanto, los vecinos reclaman soluciones urgentes que devuelvan la tranquilidad a un barrio que, hasta hace poco, se caracterizaba por su calma.
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