Las exigencias de Más Madrid han sido finalmente atendidas. En un comunicado remitido a Madridiario esta misma mañana, la Delegación del Gobierno en Madrid, con Francisco Martín a la cabeza, ha anunciado la prohibición de la concentración convocada por Núcleo Nacional para el próximo 7 de junio frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Entre los motivos expuestos para la suspensión de la movilización figuran "la necesidad de proteger la seguridad ciudadana" y "los derechos fundamentales de los menores acogidos en el centro (…) ante el hostigamiento y el odio de los ultras. Un comportamiento, sostienen, que vendría además "apoyado en mensajes y lemas de carácter xenófobo y excluyente".
En paralelo, argumentan a renglón seguido desde Delegación, "se considera que el lugar elegido –las inmediaciones del centro, que constituye el domicilio habitual de los menores– vulneraría su derecho a la intimidad ya un entorno seguro, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia". Así queda patente, añaden, en los informes recabado por parte de las autoridades policiales en los que se advierte del "riesgo de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio". Todo a raíz de los "incidentes provocados por los convocantes" en ocasiones anteriores.
En la misma línea, la líder de Más Madrid en la Asamblea de Vallecas, Manuela Bergerot, ha celebrado la decisión adoptada por la Delegación del Gobierno a través de un post en sus redes sociales: "Hace dos días, ante la inexplicable parálisis, exigimos a delegación de Gobierno que impidiera la concentración nazi frente al centro de menores de Hortaleza. Hoy conocemos que finalmente ha sido prohibida. Ante el racismo y los nazis, ni un paso atrás".
"Ante el racismo y los nazis, ni un paso atrás"
La cancelación de este acto viene además acompasada al permanente tira y afloja entre los ejecutivos central y autonómico en relación al anunciado reparto de menores migrantes que llegan, fundamentalmente, a las costas canarias, así como a la polémica surgida en torno a la marcha vecinal, a la que se ha adherido Vox, celebrada este mismo jueves en el barrio madrileño de La Guindalera contra la "inseguridad ciudadana". En concreto, la protesta aspira a frenar la próxima apertura de "un centro de inmigrantes encubierto" a través de un hostal. Es, dicen, una "estafa" que cuenta, al menos, con el beneplácito de la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
"Mientras nuestros vecinos son expulsados de sus barrios, se reparten ayudas a inmigrantes que, en muchos casos, se encuentran en situación ilegal en España (...). El resultado de esta estafa son 35 millones de euros de todos los madrileños destinados a curbir los gastos de los inmigrantes ilegales, más de 10.000 menas atendidos desde 2019 y códigos postales enteros sumidos en la inseguridad y la degradación por culpa de su efecto llamada, como ocurre en los grandes campamentos de Carabanchel y Alcalá de Henares", ha resumido la portavoz de la formación conservadora en Entrevías, Isabel Pérez Moñino.
A este respecto, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha advertido al propietario del hostal del Parque de las Avenidas, ubicado en el distrito de Salamanca, de que "en ningún caso" la licencia "turística" que había solicitado ampara la actividad social para la acogida de migrantes.
También se ha manifestado en torno a la cuestión migratoria el portavoz del Ejecutivo madrileño, un Miguel Ángel García-Martín para quien el Gobierno central "carece de una hoja de ruta" y, en consecuencia, este "problema" ha terminado por convertirse en un "caos sin precedentes". "No hay control en las fronteras, no hay acuerdos con los países de origen, ni siquiera hay acuerdos con los otros países de la Unión Europea, no se trabaja ni coopera con lealtad con las comunidades autónomas y los ayuntamientos... Luego nos encontramos a los inmigrantes en situación irregular y sin ningún tipo de información (...). No tenemos información de lo que está haciendo la Delegación del Gobierno ni el Gobierno central. Es un descontrol", ha lamentado.
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