La Justicia ha admitido a trámite la demanda de conciliación interpuesta por la Comunidad de Madrid contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, tras afirmar que miles de personas mayores fueron “asesinadas” en los centros residenciales de la región durante la pandemia.
El Juzgado de Primera Instancia nº 91 de Madrid ha citado a Maroto el próximo 10 de junio. La demanda, registrada el pasado 19 de marzo, constituye un paso previo a la posible presentación de una querella si la socialista no se retracta públicamente.
El Gobierno regional ha indicado que defiende "a los profesionales que durante tanto tiempo lo dieron todo para salvar vidas y para luchar contra una pandemia que fue mundial".
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, calificó las declaraciones de Maroto como una vulneración de los límites de la “decadencia política”.
Además, advirtió que cualquier acusación de delitos hacia los profesionales, el Gobierno regional o su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, tendrá "una respuesta en los tribunales en forma de querella".
Una rectificación que no frenó la demanda
La polémica comenzó cuando Reyes Maroto aseguró públicamente que "fueron 7.291 las personas mayores asesinadas en las residencias" durante la pandemia, atribuyendo esas muertes a un "fruto de un protocolo de la vergüenza que tiene la firma del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Ayuso".
Sus palabras provocaron una reacción inmediata desde la Comunidad de Madrid, que anunció acciones legales al considerar que se estaba imputando un delito gravísimo, tanto a la administración como a los profesionales sanitarios que actuaron durante a la emergencia.
Ante la presión, Maroto se retractó a través de un comunicado en el que precisó que no fue su intención acusar a nadie de asesinato, sino denunciar la falta de atención médica que sufrieron miles de mayores durante la crisis sanitaria. No obstante, su rectificación no frenó el proceso judicial y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso decidió seguir adelante, defendiendo que acusaciones de tal calibre "no pueden quedar impunes".
El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida rompió relaciones con el PSOE de Reyes Maroto tras las declaraciones de la portavoz. Almeida calificó las calificó "declaraciones inaceptables, nauseabundas e indecentes por parte de Reyes Maroto". Y afirmó que "imputar 7.291 asesinatos en las residencias de ancianos" es un delito.
A partir de ese momento, el Grupo Municipal Socialista solo pudo interactuar con el Gobierno de Madrid a través de los procedimientos legales establecidos en Pleno y comisiones.
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