La futura Ciudad de la Justicia, al detalle

El que parecía haberse convertido ya en el cuento madrileño de nunca acabar aspira, por fin, a ver la luz. Encallada desde tiempos de Esperanza Aguirre, en el lejano 2005, y rescatada por Isabel Díaz Ayuso a comienzos de la presente legislatura, la Ciudad de la Justicia continúa dando pasos hacia adelante. Este lunes, de la mano de la presentación del proyecto constructivo. O lo que es igual, la maqueta, de hasta siete metros de longitud, que detalla con precisión el diseño y distribución elegidos para la futura instalación.

Con una extensión equivalente a 65 campos de fútbol, casi medio millón de metros cuadrados, la Ciudad de la Justicia madrileña se convertirá el complejo judicial "más grande, accesible y ágil del mundo", ampliando hasta un 61 por ciento el espacio disponible en la actualidad para esta rama de la administración. De ellos, hasta 40.000 serán para zonas ajardinadas al aire libre, incluyendo cubiertas vegetales y jardines verticales.

El objetivo, tal y como había expuesto ya meses atrás, la propia presidenta, no es otro que aglutinar en un mismo lugar las 26 sedes y 378 órganos de la judicatura regional, dotándolas además de mejores conexiones de transporte público de la mano del Intercambiador de Valdebebas, para atender a cerca de 33.000 personas cada día. Trabajamos por acercar al presente el futuro de la Justicia. Estamos construyendo el Madrid de todos", ha resumido Díaz Ayuso.

"Una gran plaza de 13.500 metros cuadrado, con zonas verdes, una gran fuente y aparcamiento para bicicletas, dará la bienvenida a los ciudadanos y profesionales que acudan a ella. En primer lugar, se encontrarán el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo diseño singular, firmado por el prestigioso estudio Lamela, lo convertirá en imagen y emblema de todo el recinto. A ambos lados, la Audiencia Provincial, dividida en dos edificios unidos en su planta segunda por una sala de macrocausas con un aforo de 200 personas. A continuación, una gran avenida central de casi 10.000 metros cuadrados comunicará todos los juzgados, archivos, depósitos, cafeterías, guarderías, y dependencias de seguridad", detallan desde Sol.

La hoja de ruta del Ejecutivo regional pasa, tras la colocación de la simbólica primera piedra este mismo mes de junio, por su puesta en marcha con vistas al próximo año. Así, en 2026 comenzarían a operar los primeros servicios, de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Audiencia Provincial y los juzgados de Primera Instancia. Ya en 2027 arrancarían, salvo giro de guion, el resto de jurisdicciones a excepción de la Penal. La guinda pasa por la conexión de todas las sedes con el centro de la capital mediante la futura Línea 11 de Metro en 2028.

El montante total para la construcción de la Ciudad de la Justicia asciende hasta los 653 millones de euros. Una cantidad que desde la Comunidad no dudan en tildar de "inversión", y es que, aseguran, la unificación de todas las sedes en una misma ubicación traerá consigo un ahorro anual a las arcas públicas próximo a los 50 millones.

Tras su presentación en la Real Casa de Correos, la maqueta permanecerá en sede de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local (Real Casa de Postas) para su exhibición pública -con visitas de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas- hasta el próximo 16 de mayo, cuando será trasladada al vestíbulo principal del Intercambiador de Valdebebas. Con este carácter itinerante, ha justificado a renglón seguido la máxima mandataria regional, se trata de que "todo el mundo pueda conocer de primera mano el proyecto y sus plazos".

"Trabajamos por acercar al presente el futuro de la Justicia"

Contencioso-administrativo contra la Ley de Eficiencia

La puesta de largo del proyecto constructivo diseñado para la Ciudad de la Justicia ha sido además el escenario elegido por Díaz Ayuso para anunciar su firme intención de elevar a los tribunales la nueva Ley estatal de Eficiencia en la Justicia. La presentación definitiva del recurso contencioso-administrativo, fórmula elegida para dar esta batalla ante el Tribunal Supremo, quedaría, no obstante, supeditada a la "evaluación" del "coste real" que traería aparejada su entrada en vigor.

"El 10 de abril presentamos un requerimiento formal al Gobierno para que de manera inminente evaluara el coste real de esta Ley de Eficiencia y dote a las comunidades autónomas de la financiación suficiente. Porque, si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante carcomiendo más y más. De no atender al requerimiento antes del 10 de mayo vamos a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo", ha aseverado a este respecto Díaz Ayuso.

Enmarcada en la "estrategia de la carcoma" y "disfraza de palabras mágicas" como "modernizar" o "simplificar", la aprobación definitiva de la Ley de Eficiencia ejemplifica, al menos a ojos de la presidenta, "un nuevo Caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes". En la práctica, "un nuevo intento de control del poder judicial" que terminaría por desembocar en una "Justicia sin jueces" equiparable a la de países con nulas garantías democráticas.

"Supone un nuevo intento de control del Poder Judicial, puesto que es un cambio ideológico de la organización del sistema judicial que se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas (...). Donde dice eficiencia deberíamos saber leer control del Ejecutivo sobre la independencia judicial y el acceso a la tutela judicial efectiva. Vestida de supuestos nuevos medios de resolución de conflictos se esconde ese sueño de los totalitarios de la Justicia popular, la Justicia sin jueces. Ninguna de estas amenazas es nueva. Desde hace décadas hay una obsesión por controlar el Poder judicial, y esto mismo hacen muchos compañeros de ideología en otros lugares del mundo", ha zanjado la líder del Ejecutivo autonómico.