Coincidiendo con la entrada en vigor de la modificación estatal de la Ley de Propiedad Horizontal que permite a las comunidades de vecinos vetar los pisos turísticos en su edificio, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha reunido con el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino. Esta modificación exige a los propietarios que quieran abrir una VUT obtener el permiso de la comunidad de vecinos y alcanzar un acuerdo del 60 por ciento.
Tras el encuentro, el ministro ha expresado su desacuerdo con la actitud del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien "no piensa hacer nada" respecto a los pisos turísticos ilegales en la ciudad. "Hace un año se denunciaron 10.000 viviendas de uso turístico (VUT) y el Consistorio no hizo nada. Ahora hay más de 15.000 y la respuesta del señor Almeida ha sido decir que no piensa hacer nada y poner una serie de excusas", ha reprochado Bustinduy, quien ha reiterado la disposición del Ministerio de Consumo para reunirse con el Ayuntamiento y explicarle "cómo pueden hacer para acabar con los pisos turísticos ilegales". El ministro ha mencionado como ejemplo que "la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau consiguió retirar más de 7.000 anuncios de pisos turísticos ilegales e impuso más de 9.000 sanciones".
"Hay instituciones y administraciones de todo signo político, también del PP, que están actuando para retirar los anuncios de los pisos turísticos ilegales, para poner en marcha los mecanismos de inspección y de sanción y para devolver esas viviendas turísticas ilegales al mercado del alquiler y que puedan dedicarse a que vivan las familias en ellas", ha trasladado.
El ministro ha advertido que "esta actitud e inacción encubre la ilegalidad y perpetúa un modelo que está cercenando el derecho a la vivienda" de los madrileños. "Es falso que no tenga las competencias, estamos hablando de violaciones flagrantes de la normativa municipal y el propio Ayuntamiento ha reconocido que más del 90 por ciento de las viviendas turísticas que hay en la ciudad son ilegales. Lo que no es aceptable es no hacer nada, que es lo que el señor Almeida se vanagloria de llevar haciendo desde hace seis años en la ciudad", ha remarcado.
Sobre la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, Bustinduy ha señalado que representa "una victoria" del movimiento vecinal contra el "modelo de la especulación y de los pisos turísticos". Además, ha solicitado a las administraciones que "se impliquen para trabajar con la sociedad civil en la solución a estos problemas". En este sentido a vuelto a mencionar al Consistorio capitalino. "Ahora hace falta que el Ayuntamiento de Madrid, que es quien tiene la competencia tanto en disciplina urbanística como a través de la Agencia de Actividades, ponga todos los medios para activar la inspección y acabe con la con la vivienda de uso turístico ilegal y con un fenómeno que debería preocuparnos a todos", ha zanjado.
Medidas que llegan tarde para Cibeles
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, opina que la modificación normativa llega tarde en comparación con el inminente Plan Reside, una normativa municipal que resulta "mucho más restrictiva".
"Después de tantos años reclamando decisiones en este asunto, cualquier normativa que el Gobierno de España apruebe ahora llega muy tarde. Sin embargo, si esta normativa resulta ser útil, será bienvenida", ha manifestado Sanz.
La portavoz municipal ha añadido que "en breves semanas" se espera la aprobación definitiva del Plan Reside, una normativa que "es mucho más garantista y mucho más amplia de esto que ahora se pretende". Asimismo, ha destacado que "va a dar seguridad jurídica a todo el sector y también a los vecinos".
El PSOE busca soluciones en Barcelona
Por su parte, la portavoz del Grupo municipal socialista, Reyes Maroto, se ha reunido este jueves con el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, para conocer las medidas puestas en marcha en la ciudad catalana para frenar las VUT.
Durante el encuentro, en el que también han participado los concejales Pedro Barrero y Antonio Giraldo, han podido conocer que en los últimos cuatro años el consistorio catalán "ha emitido 4.038 órdenes de cese, 1.583 en el último año" y ha realizado 19.621 inspecciones "gracias al refuerzo de la unidad de control de la disciplina urbanística".
Maroto ha calificado de "chapuza" el plan de Almeida para controlar estas viviendas argumentado que "el número de pisos turísticos ilegales crece más rápido del número de los que se regularizan".
"Desde que se puso en marcha, hace un año, el balance es totalmente negativo. Se han regularizado la situación de 251 viviendas de uso turístico que operaban de manera ilegal, esto supone un 1,65% del total de viviendas que aún operan al margen de la ley en nuestra ciudad. Mientras, el número de pisos ilegales abiertos en el mismo periodo no deja de crecer, y han sumado 1.800 o 2.000 en el mismo periodo", ha manifestado la portavoz socialista para quien el Gobierno de Almeida mantiene "una dejación de funciones e inacción clamorosa en el ejercicio de sus competencias" en este ámbito.
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