Comunidad pide al Gobierno la reagrupación familiar de cuatro menores migrantes acogidos en la región

Por voz de su portavoz, Miguel Ángel García Martín, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado a conocer este miércoles una solicitud diriga al Ejecutivo central -competente en materia de Extranjería- para iniciar la "reagrupación familiar" de hasta cuatro menores migrantes no acompañados acogidos en la región y que presentan "graves dificultades de adaptación".

Se trata, en palabras del también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, de una "solución realista y eficaz" encaminada a defender "los intereses de los madrileños, de los trabajadores de aquellos centros en los que se ha visto comprometida su seguridad y de los propios menores, presos de las mafias".

El mecanismo puesto en marcha meses atrás, ha asegurado García Martín durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la presente matinal, viene contemplado en la propia Ley de Extranjería, barajando tanto la "reagrupación en su país de origen" como en el mismo estado de acogida.

La medida podría saldarse así con la repatriación de los menores o, por el contrario, con un traslado de sus familiares más próximos a España. No obstante, el escenario más probable pasa por que el expediente no sea siquiera tenido en cuenta por la Delegación de Gobierno en Madrid, administración receptora de la petición en primera instancia.

La repatriación de los menores extranjeros no acompañados que llegan a la región mediante convenios con sus países de origen es, precisamente, la solución al "caos migratorio" propuesta por Vox. Algo frente a lo que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso continúa marcando distancias al asegurar que "no tenemos competencia" para tal fin.

Criterios "técnicos"

La decisión viene apoyada en "criterios técnicos" recogidos en diversos informes de la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia regional, organismo dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, en los que "prima en todo momento", ha garantizado el propio García Martín, el "interés superior del menor".

Entre los citados criterios para determinar si la "integración" de los menores extranjeros es o no "viable" figuran tanto el contexto familiar en el país de procedencia como las circunstancias que rodean al menor en el momento presente. Preocupa especialmente en el seno del Ejecutivo los posibles "contactos" con "mafias" dedicadas al "tráfico de personas" o "drogas", ya sea en el tránsito hacia España o tras su llegada.

Además, insisten desde Sol, "resulta imprescindible proteger a la mayoría de los menores, que sí desean integrarse y que están siguiendo su proyecto educativo de manera ejemplar. Cada caso es valorado de forma pormenorizada en este órgano colegiado, formado por profesionales de la protección a los menores, que remiten los casos a la Delegación del Gobierno cuando se constata que llegan a España sin margen ni tiempo para abordar una intervención educativa eficaz para la atención de sus necesidades".

Otros "muchos" casos en estudio

En paralelo, el portavoz ha avanzado que el Ejecutivo autonómico estudia ya la aplicación de este mismo sistema en "otros muchos" casos que puedan presentar "imposibilidad real de adaptación". Algunos de ellos vinculados al incidente ocasionado en el día de ayer en La Cantueña. Una riña tumultuaria en la que resultaron detenidos hasta 12 menores, además de siete heridos entre los propios trabajadores del centro ubicado en Fuenlabrada.

Cuestionado precisamente por este suceso y los pormenores de los protocolos de seguridad en los centros de acogida de titularidad regional, García Martín ha garantizado que esta se "refuerza allá donde se producen incidentes". Al tiempo, ha exigido a Delegación mayor celo a la hora de garantizar idénticas condiciones de seguridad en los entornos próximos a las instalaciones, donde hunden sus raíces, al menos a su juicio, incidentes de este tipo.

Recurso de Inconstitucionalidad

La solicitud coincide además en el tiempo con la presentación del ya anunciado recurso de inconstitucionalidad frente a la reforma de la Ley de Extranjería que establece los criterios para el "mal llamado" reparto de menores migrantes acogidos en un primer momento en Ceuta y Canarias entre el resto de regiones del país.

"Es imprescindible que el Gobierno central cumpla con sus competencias, que, como ha remarcado recientemente el Tribunal Constitucional, son irrenunciables, y actúe en los países de origen, solicitando a las representaciones diplomáticas de estos países los informes sobre las circunstancias personales de los menores, como exige, con carácter imperativo el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social", defienden.

Todo acompasado a la "urgente necesidad" de que se ponga en marcha una "política exterior eficaz en materia de protección de menores, ya que la respuesta no puede limitarse a la acogida indiscriminada sin mecanismos adecuados para gestionar estos casos específicos", sentencian desde la sede del Ejecutivo autonómico.

"Primero vamos a centrar el debate, hablamos de la seguridad de menores. Hay que protegerlos, y eso se hace con un atención integral y de calidad, no con aislamiento, ni hacinamiento, ni señalándoles con el dedo como hace la señora Ayuso", replican, por su parte, fuentes socialistas consultadas por este digital.