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Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín
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Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín (Foto: Mónica González - Road Experience Audiovisual)

Martín pide no crear alarma tras el aviso de los okupas de Carabanchel de 'mudarse' a otros municipios

Por MDO/E.P.
jueves 06 de febrero de 2025, 18:05h
Actualizado: 11/02/2025 08:14h

Los últimos okupas que habitaban en la urbanización de la calle Excelente, en el distrito de Carabanchel, se han marchado esta mañana sin que hubiera incidentes. La noticia ha sido recibida con alegría por parte de los vecinos, quienes han expresado su descontento por las peleas, los ruidos y los problemas de convivencia que se habían generado en los últimos dos meses.

Seis familias continuaban residiendo en la urbanización tras los desalojos, tanto voluntarios como forzosos, ocurridos en las últimas semanas. Para prevenir incidentes y evitar que nuevas personas ocupen esas viviendas, varias patrullas de la Policía Nacional estaban vigilando el área. Además, según fuentes policiales, se está llevando a cabo una investigación para asegurarse de que los desalojados no ocupen otras propiedades después de que algunos de ellos hayan difundido un vídeo en el que advierten que su próximo objetivo serían viviendas de Boadilla del Monte.

Ubicado en la calle Excelente número 6, este edificio fue okupado durante el puente de la Constitución. Las investigaciones indican que una mafia habría comercializado de manera ilegal estas viviendas del PAU de Carabanchel, que aún no contaban con inquilinos, a familias peruanas por sumas que oscilaban entre los 2.000 y los 3.000 euros. La oferta se realizó días antes en la fila de un comedor social de una iglesia del barrio.

Casi treinta familias llegaron a la urbanización en furgonetas de mudanza. Frente al asombro de los vecinos que residen legalmente en el lugar pagando alquileres que varían entre 800 y 1.500 euros, cambiaron las cerraduras de los pisos y entraron en ellos.

El conserje de los usurpadores les abría la puerta desde el interior. Durante este tiempo, los vecinos legítimos han expresado su descontento por el incumplimiento de las normas de convivencia, señalando que generan ruidos nocturnos, se involucran en peleas y que incluso había pandilleros entre ellos.

La Policía Nacional ha llevado a cabo varios arrestos recientemente debido a peleas, agresiones y violaciones de la Ley de Extranjería. Asimismo, un joven de 13 años fue fichado por presuntamente agredir a su novia de 16 años, aunque no fue detenido al ser considerado un menor inimputable.

En varias ocasiones, los residentes de las urbanizaciones cercanas se movilizaron por primera vez con pancartas, cacerolas y altavoces para exigir la expulsión de los okupas. Los manifestantes enfrentaron insultos, amenazas y huevos lanzados por algunos de los opositores, lo que llevó a la intervención de la Policía Nacional en el lugar.

Se reforzaron las medidas de vigilancia por parte de la empresa propietaria, que también instaló alarmas y contrató a una empresa especializada en desokupación. Durante su primera intervención, los empleados de esta empresa fueron atacados e increpados por algunos okupas. Debido a estos incidentes, se presentaron las denuncias pertinentes en la comisaría.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, se llegó a reunir con varios miembros de la comunidad de vecinos, junto al comisario de la Policía Nacional del distrito de Carabanchel, para escuchar sus inquietudes. La Policía ha recibido denuncias tanto de los inquilinos legales como de algunos ilegales, que aseguraban haber sido estafados.

"No generar falsas alarmas sociales"

Tras conocerse la noticia del abandono de los últimos okupas, Martín ha pedido "no generar falsas alarmas sociales" en relación con las amenazas que habrían lanzado algunos de esos usurpadores de ingresar ilegalmente a urbanizaciones de otros municipios como Boadilla del Monte, cuyo alcalde ha solicitado un aumento en los dispositivos de la Guardia Civil para prevenir tales acciones.

"La Guardia Civil en Boadilla y en el conjunto de la Comunidad de Madrid realiza una labor preventiva de máxima intensidad, de total eficacia, como ya hemos comprobado, y así va a seguir siendo allí y en el resto de la demarcación. En eso los ciudadanos tienen que tener total tranquilidad", ha apuntado.

El delegado ha admitido que, aunque "hay okupaciones" son "menos de las que había antes" y no se puede clasificar todo como okupación. Según él, los allanamientos de morada se han reducido y se resuelven en un plazo de 24 horas, tal como establece la ley. Además, ha señalado que las usurpaciones, que también han disminuido, requieren una decisión judicial para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan iniciar el procedimiento de desalojo. "Y esto es de lo que estamos hablando", concluyó.

Martín ha destacado que todos estos acontecimientos "cuentan con la máxima solidaridad y el máximo compromiso del Gobierno de España para abordarlos". Sin embargo, es fundamental que, en términos generales y numéricos, todos "seamos responsables y no contribuyamos a generar esas alarmas sociales que irresponsablemente, sin ninguna buena intención, algunos intentan continuamente crear y promover, con el fin de obtener los beneficios que consideren merecer en base al miedo que generan".

"Creo que es muy irresponsable y que, desde luego, tienen que saber la ciudadanía que las ocupaciones en la Comunidad de Madrid se están reduciendo año tras año y que el compromiso, la acción policial por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, se está intensificando y, por lo tanto, como en el resto de ámbitos delictivos, los resultados son cada vez mejores y así van a seguir siendo también en esta cuestión", ha concluido Martín.

A estas declaraciones ha respondido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha calificado de "escandaloso" que Martín 'rebaje' las okupaciones porque los allanamientos también "son delito".

"A mí me parece escandaloso que el delegado del Gobierno califique la comisión de delitos como 'son solo allanamientos'. ¿Cómo que son solo allanamientos? El allanamiento es un delito y los delitos no se pueden rebajar. No tenemos un delegado del gobierno que pueda decir 'bueno, esto no es grave, aunque sea un delito'. No, los delitos hay que perseguirlos", ha subrayado.

Almeida ha recordado que una okupación "no solo afecta al inmueble que se ocupa sino a todos los vecinos que están en el entorno de ese inmueble" y ha retado a Martín: "¿Por qué no va a hablar con los vecinos? ¿Por qué no les pregunta cómo es su día a día? ¿Por qué no va allí y tiene el valor y el cuajo de decirles a la cara que la okupación no es para tanto?".

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