La jueza Inmaculada Iglesias ha recibido una solicitud de la Fiscalía de Madrid para que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sea citado a declarar a más tardar el 3 de febrero. Esto ocurre después de que la comparecencia programada para el 7 de febrero en la investigación sobre delitos fiscales se suspendiera la semana pasada a petición del citado por un viaje de trabajo.
"El investigado ha decidido ausentarse del territorio nacional entre el 4 y 12 de febrero y el Juzgado lo da por bueno", señala el documento del fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, por lo que sugiere citarle antes de su partida teniendo en cuenta que el plazo para la instrucción está a punto de finalizar.
La declaración fue suspendida por la magistrada instructora a solicitud de la defensa, debido a que ya había un señalamiento para ese mismo día en el Juzgado de Primera Instancia número 46. Además, el novio de Ayuso tenía un viaje profesional programado entre los días 4 y 12 de febrero que también interfería con la declaración.
El procedimiento en el que se le investiga incluye una citación relacionada con la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil, todo ello en conexión con un supuesto fraude fiscal que la Fiscalía de Madrid le imputa.
Las declaraciones programadas han sido suspendidas en hasta cuatro ocasiones. La primera de ellas tuvo lugar el 24 de junio, cuando la acusación popular, que representa al PSOE y a Más Madrid, solicitó en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos tras revisar un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del procedimiento.
En octubre, se decidió por parte de la jueza abrir una pieza separada para indagar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso pudo haber cometido delitos diferentes a los que ya se están tratando en el caso principal, al utilizar una empresa para "ocultar unos ingresos" con el Grupo Quirón.
Un informe de la Agencia Tributaria fue mencionado por la jueza, el cual advertía sobre una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" en 2021. Se sospecha que González Amador utilizó, a través de una sociedad pantalla (Masterman S.L.), la cesión parcial de un contrato de servicios firmado entre su empresa, Maxwell Cremona, y el cliente Quirón Prevención S.L.
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