El acuerdo UE-Mercosur echa de nuevo a las calles a agricultores y ganaderos

Más de 5.000 agricultores y ganaderos, según los convocantes Asaja y COAG, se han manifestado este lunes frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para alzar su voz contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

3️⃣Este acuerdo no es solo malo para el campo, te afecta directamente a ti:
🔴 Baja calidad de los alimentos importados.
🔴 Mayor riesgo para la salud pública (menos controles).
🔴 Despoblación rural = pueblos vacíos y menos alimentos locales.

¡Por un campo vivo, di… pic.twitter.com/xVxYbBvmZY

— Asaja Nacional (@AsajaNacional) December 16, 2024

Para el sector, el campo español sufre una "verdadera amenaza" que es la proliferación de acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países. "Las importaciones de productos agrarios de Mercosur, Chile, Marruecos, Nueva Zelanda, con precios por debajo de nuestros costes de producción y sin cumplir las normativas que imperan para las producciones comunitarias, impactan gravemente en los agricultores españoles y europeos y provocan pérdidas inasumibles y cierres de explotaciones", han advertido.

Los convocantes reclaman "un cambio de rumbo en las políticas que atañen al sector agrario, con decisiones mas proactivas en defensa de un sector que toca fondo, con ingresos que resultan insuficientes, con una pérdida de activos que resulta sangrante y con un relevo generacional que no es suficiente para mantener la actividad en nuestras explotaciones y en los núcleos rurales".

Después de las movilizaciones que se desarrollaron desde finales de 2023 e incluyeron una gran tractorada por el centro de Madrid a principios de 2024, Agricultura activó 43 medidas que no contaron con el refrendo ni de Asaja ni de COAG, que las consideraban "claramente insuficientes" para dar respuesta a las demandas del sector. Según las organizaciones agrarias, las reivindicaciones de aquellas protestas "siguen aún vigentes". Insisten en que los altos costes de producción y los bajos precios en origen siguen siendo un lastre para las explotaciones. Consideran que siguen sin afrontarse reformas esenciales y cambios de funcionamiento en la Ley de la Cadena Agroalimentaria o en el sistema de seguros agrarios, al igual que la adaptación de la reforma laboral y los costes salariales a las necesidades del campo. También denuncian la falta de inversiones e infraestructuras y una política hidráulica decidida, así como la mala gestión de los recursos hídricos en las distintas cuencas.