Dos jóvenes españoles de 21 años han sido arrestados por la Policía Nacional por difundir falsedades sobre amenazas de atentados en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con el objetivo final de estafar a los estudiantes.
El 31 de octubre, durante una fiesta que congregó a muchos grupos de estudiantes, un individuo propició el rumor entre los alumnos del doble grado de Filosofía y Derecho sobre un inminente ataque con armas en su facultad. La difusión masiva de esta noticia a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea provocó que se volviera viral.
Tras la alerta de las autoridades, se llevó a cabo una investigación conjunta entre la Policía Nacional y la UCM para determinar la veracidad de la amenaza. Días más tarde, concluyeron que no había ningún indicio que permitiera suponer que habría un riesgo por encima del habitual, información que fue comunicada a los estudiantes a través de un correo electrónico.
A pesar de que las instalaciones permanecieron abiertas, más de 6.000 alumnos decidieron no asistir a sus centros educativos el 5 de noviembre, día en el que se iba a llevar a cabo el supuesto ataque a la universidad, debido al miedo a que las amenazas se materializaran.
Aprovechando el miedo que predominaba en la comunidad, los detenidos comenzaron sus actividades delictivas,que incluían el envío de amenazas junto con imágenes de armas de fuego y munición. Asimismo, intimidaron a aquellos estudiantes que se atrevían a cuestionar estos mensajes, amenazando con llevar a cabo actos violentos en contra de ellos y sus familias.
Según las investigaciones llevadas a cabo, la intención detrás de las amenazas divulgadas por los arrestados era conseguir información personal de la comunidad educativa. Utilizando los números de teléfono de los estudiantes que lograban obtener a través de 'chats' y técnicas de ingeniería social, los detenidos se comunicaban con ellos por teléfono para solicitar sus datos de identidad o incluso copias de sus documentos personales.
Los datos personales eran utilizados por individuos para abrir cuentas bancarias con el fin de llevar a cabo estafas y otros delitos. Gracias a las gestiones realizadas por los investigadores, se lograron identificar hasta seis acciones delictivas vinculadas a la apropiación de información personal en las que se perpetraron fraudes. La operación sigue activa, lo que implica que no se descartan futuras detenciones.
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