Desde su creación hace un año, la Sección de Protección del Patrimonio Urbano (Sepropur) de la Policía Municipal de Madrid ha iniciado 264 expedientes y registrado 384 denuncias en su esfuerzo por combatir los grafitis en las calles. Como resultado, se han investigado a 42 personas y casi 700 individuos han sido identificados. Además, se han llevado a cabo 200 vigilancias, se han remitido 117 atestados a los juzgados de instrucción y nueve casos han sido enviados a la Fiscalía de Medio Ambiente debido a delitos relacionados con daños a edificios protegidos o de interés cultural.
La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha realizado una visita a Sepropur, que forma parte de la Comisaría de Medio Ambiente de la Policía Municipal. Esta sección, situada en la nueva comisaría de la calle Plomo, cuenta con un equipo de 39 agentes que trabajan en turnos de mañana, tarde y noche, brindando servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Durante su estancia, los agentes le han proporcionado detalles sobre algunas de sus intervenciones más destacadas en los últimos meses, y Sanz ha expresado su agradecimiento por el esfuerzo invertido en la nueva sección.
La vicealcaldesa ha destacado que la creación del Sepropur hace un año cumplió con uno de los compromisos electorales: proteger el patrimonio de la ciudad frente a cualquier acción que pueda llevar a su degradación, como es el caso de la vandalización estética mediante pintadas y grafitis, así como los daños que estos provocan. "Estamos comprometidos con la conservación del patrimonio de Madrid y, por ello, actuamos de manera decidida contra los actos incívicos y perseguimos enérgicamente estas pintadas vandálicas que deterioran nuestro entorno urbano", agregó.
Asimismo, ha destacado el aumento de la efectividad de las sanciones y las acciones frente a estos comportamientos. En los primeros diez meses de 2023, antes de que se estableciera este servicio, se registraron 17 atestados policiales relacionados con estas pintadas, mientras que en un año de actividad de esta sección se llevaron a cabo 117, ha señalado.
Así funciona el Sepropur
A través de planes de actuación fundamentados en diagnósticos y mapas de riesgo de los espacios públicos afectados, los policías de esta sección implementan una respuesta reactiva junto con las comisarías integrales de distrito. Además, realizan funciones que incluyen el análisis de daños, la identificación de los responsables y, cuando es necesario, la solicitud de restitución por los daños ocasionados. Aunque su ámbito territorial abarca toda la ciudad, han determinado puntos y lugares que son especialmente vulnerables.
Los agentes llevan a cabo un registro de imágenes y la localización de los grafitis existentes. Junto a los servicios policiales de grafología, investigan la posible autoría de estos, especialmente en aquellos casos que impactan el patrimonio histórico. Además, rastrean redes sociales de acceso público y gestionan todos los atestados. La recepción de las denuncias administrativas de diversas comisarías se centraliza, creando así una base de datos sobre estas acciones perjudiciales para el patrimonio.
El contacto con el Área Delegada de Limpieza y Zonas Verdes, que forma parte de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, se mantiene para definir los procedimientos necesarios para la restitución de los bienes dañados. Además, se consulta su archivo de imágenes de grafitis, las cuales posteriormente son eliminadas. En los espacios privados donde las fachadas han sido objeto de pintadas, también se establece comunicación con los administradores de fincas. Asimismo, se brinda asesoría a diversas comisarías y se busca su colaboración.
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo cuenta con la colaboración cercana de Sepropur, lo que permite llevar a cabo procedimientos y acciones eficientes y ágiles. Asimismo, se trabaja en conjunto con las estructuras necesarias para lograr una mejora significativa en la percepción de seguridad frente al vandalismo patrimonial.
Intervenciones destacadas
Una de las intervenciones más relevantes en el primer año de funcionamiento de este servicio ha sido la investigación por delitos de daños al patrimonio histórico contra dos grafiteros, quienes realizaron pintadas en la parte trasera de la plaza de la Villa y en el monumento dedicado a las víctimas de Mauthausen. Además, se han investigado a diez personas por causar daños al patrimonio histórico al hacer grafitis en el Museo de América, un edificio que cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural.
Un operativo en el parque de la Cuña Verde (Latina) terminó en la denuncia de cinco personas y la intervención de cerca de 200 botes de spray. Además, se realizaron diversas identificaciones y denuncias a varios grafiteros que están activos en la zona de los cuarteles de Campamento, así como en muchas otras áreas de la ciudad.
Según indica el Ayuntamiento, algunos de los habituales en la realización de estas pintadas han dejado de llevar a cabo esta práctica debido al incremento en la vigilancia y las sanciones, las cuales se han intensificado por la reincidencia. Una primera infracción puede resultar en multas que oscilan entre 600 y 3.000 euros, pero la repetición de estas acciones por parte de ciertos individuos provoca un aumento significativo en el monto de las sanciones impuestas.
El caso de un vecino de Chamberí ilustra cómo los acumulados de denuncias pueden resultar en sanciones severas. Después de ser penalizado con una multa que alcanzó los 8.000 euros, este individuo reconoció su responsabilidad, lo que llevó a que se le impusiera una multa definitiva de 2.500 euros y la obligación de realizar 40 horas de trabajo comunitario.
Un grafitero habitual de la zona de la plaza del Dos de Mayo ha acumulado denuncias que superan los 20.000 euros, mientras que otro vecino de Arganzuela ha sido denunciado por hechos que conllevan una sanción de 15.000 euros.
En relación a los detenidos que fueron arrestados mientras llevaban a cabo pintadas en edificios protegidos, estatuas o estructuras con especial protección, aún están a la espera de un juicio penal. El daño ocasionado al patrimonio histórico puede ser castigado con penas de hasta cuatro años de prisión, dependiendo de la magnitud del perjuicio causado.
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