Zonas de bajas emisiones, vivienda y conciliación: Ayuso responde antes de aprobar la 'Ley Mbappé'

Una semana más, la Asamblea de Vallecas acoge una sesión plenaria centrada en debates recurrentes y que vienen marcando la agenda política desde hace meses. De la “ilegalidad” de la Zona de Bajas Emisiones en la capital a la más que evidente distancia entre las medidas puestas en marcha por los Ejecutivos central y autonómico para paliar la crisis de acceso a la vivienda y mejorar la calidad de vida de las familias madrileñas en aspectos tales como la conciliación. Todo ello en paralelo a la celebración de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana que se desarrolla, con la presencia del consejero del ramo, Jorge Rodrigo, en la sede del Ministerio.

“Madrid Central es ilegal”, arrancaba, contundente, Rocío Monasterio, para dar el pistoletazo de salida a la Sesión de Control al Gobierno. A ojos de la portavoz de Vox en la Cámara de Entrevías, el establecimiento de zonas de bajas emisiones, tanto en la capital como en los municipios, no es más que un “atraco” para “pequeñas empresas y autónomos”. También para “muchas familias que no tienen dinero para comparse un coche eléctrico” que les permita circular con “libertad”. “Se empeñan en recaudar y recaudar. En ahogar a las familias. ¿Por qué se empeñan en seguir con una ilegalidad?. Insten al señor Almeida a devolver el dinero de las multas”, lanzaba.

Para Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, el debate en torno a las zonas de bajas emisiones no sería en ningún caso una cuestión sobre la que desde Sol tengan potestad, y es que “no son competencia de la Comunidad de Madrid”. No obstante, el Gobierno regional si estaría “ayudando” a aquellos municipios obligados a cumplir esta normativa estatal y europea “les guste o no”. Entre las medidas puestas sobre la mesa, ayudas para la renovación de vehículos sin etiqueta medioambiental, la rehabilitación de edificios y calderas o descuentos en el abono para el transporte público.

"Madrid Central es ilegal"

“Planteamos políticas en positivo. Estamos a favor de mejorar la calidad del aire, disponer de calles peatonales cuando sea posible... Pero sin perjudicar a nadie: ni a la libertad, ni al consumo, ni a los ciudadanos. No nos atribuyan lo que no nos corresponde, que ya nos conocemos”, respondía contundente la máxima mandataria regional.

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, optaría, sin embargo, por un giro de guion y derivar la discusión hacia el tema estrella en la presente legislatura: las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes: “Esta iba a ser la legislatura de la vivienda, pero los hechos son que el 80 por ciento de los menores de 30 años no se pueden emancipar y, los que pueden, destinan a ello hasta el 70 por ciento de su sueldo. La acuso de haber prometido 25.000 viviendas y no haber entregado ni 500 en cinco años. La acuso de tardar más de un año en pagar el Bono del Alquiler. La acuso de boicotear la Ley de Vivienda del Gobierno de España”.

Tal acusación vendría además acompañada de la receta socialista para resolver, al menos de forma provisional, el entuerto: un descuento de hasta 300 euros en el precio del alquiler para “los 25.000 madrileños a los que se ha prometido una vivienda”, el incremento del montante destinado al Bono Alquiler Joven y revertir la caducidad de la protección pública a la vivienda para “que estén siempre protegidas y al margen de la especulación”.

La réplica de Ayuso, convencida de la necesidad de favorecer el “empleo de calidad” para que los menores de 30 años estén en disposición de alquilar o comprar, versaría sobre lo preocupante de una problemática a escala estatal y frente a la que desde La Moncloa no se estaría proponiendo solución alguna. “Ahora pretenden enfrentar a inquilinos con propietarios. Si alguien tiene una vivienda se convierte en un sospechoso rico al que hay que perseguir e intervenir. Pedro Sánchez prometió 184.000 viviendas desde que es presidente, pero ha puesto en marcha 0 (…). Hagan el favor de gestionar y estar a la altura porque este problema está en España entera”, aseveraba.

"Solo está a favor de mejorar la calidad de vida de una familia, la suya"

Las medidas encaminadas a favorecer la conciliación y, en general, mejorar la calidad de vida de las familias madrileñas han copado la intervención de la líder de la oposición, Manuela Bergerot: “Se llenan la boca hablando de las familias, pero no hacen nada para que tengamos una. Están en contra de regular el precio de la vivienda, de ofrecer un comedor escolar universal, de las extraescolares gratuitas, de una escuela infantil para todos, de todo lo que mejore la vida de las trabajadoras... Solo está a favor de mejorar la calidad de vida de una familia, la suya”.

Como cabía esperar, Ayuso se serviría de las amargas quejas por parte de Más Madrid para presumir de gestión de la mano de las cifras de natalidad y los últimos datos de empleo. También aprovecharía para recordar las últimas propuestas de su Gobierno para ampliar el horario escolar y abrir centros educativos en días no lectivos. “Dice que no hay políticas de conciliación. Le ha costado tanto explicarlo que queda claro que no se lo cree ni usted misma”, zanjaba instantes antes de felicitar con sorna la Navidad en “Maduroland” a los “amigos de las dictaduras”.

Continúa avanzando la 'Ley Mbappé'

El Pleno de este jueves viene además marcado por el rechazo a las enmiendas a la totalidad -con devolución en el caso del PSOE-M y con proposición de texto alternativo por parte de Más Madrid y Vox- planteadas por todas las fuerzas de la oposición frente a la popularmente conocida como 'Ley Mbappé'. O lo que es igual, un paso más hacia la aprobación del texto que recoge la deducción del 20 por ciento del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para inversiones en activos financieros -tales como acciones, bonos o fondos de inversión- por parte de aquellos que opten por establecer su domicilio fiscal en la Comunidad tras haber residido, al menos, cinco años fuera del país.

La inversión debe realizarse en el mismo año en que se efectúe el traslado y la residencia fiscal mantenerse durante al menos seis años. El contribuyente está asimismo obligado a conservar esta inversión durante un período de seis años. Así, la deducción podrá ser disfrutada en el ejercicio en que se realice la inversión y "en los cinco ejercicios siguientes inmediatos y sucesivos en el caso de insuficiencia de cuota íntegra".

Como medidas de cautela, la inversión no puede producirse en entidades constituidas ni domiciliadas en paraísos fiscales, ni en entidades con las que el contribuyente tenga relación laboral ni participación, ya sea directa o a través de familiares, en un porcentaje superior al 40 por ciento. Este tampoco podrá desempeñar funciones ejecutivas ni ocupar un cargo directivo.

A diferencia de lo ocurrido en la legislatura anterior, el Partido Popular tiene en esta ocasión la seguridad de que la norma continuará la tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva gracias a la mayoría absoluta cosechada en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo de 2023. Meses atrás la iniciativa sería frustrada tras negar Vox su apoyo parlamentario. El razonamiento de los pupilos de Monasterio se mantiene a día de hoy: no se deben conceder ventajas fiscales a extranjeros si los ciudadanos madrileños no tienen acceso a ellas.

Frente a los "regalos fiscales" para "millonarios", los partidos progresistas han vuelto a oponerse a la tramitación del texto, insistiendo en lo importante de defender un "modelo fiscal basado en la progresividad, la justicia y la igualdad".