El juez del 'caso Púnica' propone juzgar a Granados y a otras 20 personas

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dado por finalizada la investigación en la pieza cinco del denominado 'caso Púnica' y ha propuesto juzgar al exsecretario general del PP madrileño y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, y a otras 20 personas por los contratos firmados en los ayuntamientos de varias localidades madrileñas: Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado ha encontrado indicios para juzgar a Granados; al empresario David Marjaliza y a su mujer, AdelaCubas; al igual como a tres exalcaldes de Valdemoro y varios exaltos cargos de dicho Consistorio municipal.

Los hechos, según el juez, irían seguidos de los delitos de cohecho en concurso real con un delito de prevaricación administrativa y revelación de información confidencial, además de tráfico de influencias y fraude, entre otras acusaciones.

Presuntas adjudicaciones irregulares

La pieza separada cinco se ha centrado en investigar la contratación administrativa llevada a cabo en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, lo que "ha permitido constatar una serie de prácticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa".

En Valdemoro se han investigado, entre otros, los contratos de gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER), las concesiones administrativas de cafeterías, parquin, servicio municipal de grúa, explotación de instalaciones deportivas e incluso los servicios de recogida de ropa y zapatos usados.

Gran parte de la investigación se ha centrado en la figura de Marjaliza y su vinculación a determinados cargos y autoridades locales. El juez relata cómo David Marjaliza era informado con suficiente antelación sobre el inicio de estas licitaciones, para poder tener toda la documentación necesaria frente a sus rivales, de esta forma se aseguraba la adjudicación de los contratos.

El auto también describe los contratos en los que participó Marjaliza en Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle y apunta que como contrapartida de las adjudicaciones, el empresario pudo haber sufragado encuestas de contenido político como "una de las fórmulas empleadas por David para el pago por los favores obtenidos desde el Ayuntamiento para beneficiar a sus empresas".