El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado archivar la investigación a Esperanza Aguirre y a quien fue su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dentro del caso Púnica.
El magistrado ha decidido levantar las imputaciones que pesaban sobre ambos igual que ya había hecho con la otra expresidenta, Cristina Cifuentes, por la presunta existencia de una 'caja b' también en el PP de Madrid con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011. Sin embargo sí se propone juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados.
De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió exculpar a Aguirre al no apreciar indicios de que fuera "conocedora" de las actuaciones de la trama 'Púnica', por considerar que el hecho de que tuviera "el control absoluto" del PP regional es "insuficiente" para procesarla.
También sigue los pasos del Ministerio Público en lo relativo a González, ya que, aunque el fiscal vio indicios de que habría cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007, al mismo tiempo concluía que estaría prescrito.
No obstante ve indicios de delito en los comicios de 2011, precisando que, aunque la cuenta electoral registró unos costes de 2.986.624 euros que fueron declarados ante la Cámara de Cuentas, los costes totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6.878.275,04 euros.
El juez procesa por estos hechos a un total de ocho personas: Granados y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que sitúa como máximos responsables de la presunta trama, así como a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las empresas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad.
García Castellón apunta a posibles delitos electorales, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsificación y cohecho.
Además, archiva la causa para un total de 71 imputados, entre ellos Aguirre, González, los ex consejeros Manuel lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria y Juan José Güemes, y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid. Asimismo, el instructor rechaza la petición de la acusación ejercida por el PSOE de investigar al PP en relación con estos hechos.
Respecto a los investigados que ha sacado de la causa, García Castellón apunta que, en el caso de Aguirre, "no puede considerarse acreditada su participación en los hechos delictivos" pues, "más allá de la prescripción de los delitos electores asociados a las elecciones autonómicas de 2007 y de 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que era conocedora de los mismos".