“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.
Artículo 50 de la Constitución.
Sin embargo, las reformas del PP, tan constitucional para los asuntos simbólicos, está torpedeando la línea de flotación del citado artículo 50 de la Constitución al incorporar el nuevo índice de revalorización y el factor de sostenibilidad. Hay que evitarlo, hay que derogar la reforma de 2013, y por eso nos estamos movilizando.
En la Comunidad de Madrid hay actualmente 1.135.000 pensionistas que están perdiendo poder adquisitivo a pasos agigantados. Más del 50 por ciento de los pensionistas cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y el 70 por ciento no supera los mil euros. Otra cosa es lo que dicen las siempre engañosas medias a las que se agarra el Gobierno y que se sitúa en 1.095 euros.
La última reforma proclama que la revalorización de las pensiones se limitará al 0,25 por ciento mientras exista déficit de la Seguridad Social y, en caso de superávit, crecería un 0,5 por ciento además del IPC (Índice de Precios al Consumo). Además, el factor de sostenibilidad establece que cada cinco años se calculará un índice por el cual, si la esperanza de vida crece, disminuye la cuantía de la pensión. En definitiva, aplicando todas las ecuaciones, la tendencia es perder un 40 por ciento de poder adquisitivo en los próximos treinta años.
Es evidente que en España las pensiones son una garantía constitucional. Por lo tanto, salvo que este país se hunda volviendo a un contexto similar a los años 40 y 50, en el que correrían peligro hasta los salarios, las pensiones están garantizadas. Es más, seguimos siendo el país del billón de euros del PIB, por lo tanto, el problema no es de pensiones, sino de reparto de la riqueza, de distribución de la riqueza.
Lo que está en juego por parte de la derecha es forzar la caída del sistema público de pensiones con el objetivo ultraliberal de que caigamos en las redes de los planes de pensiones privados. La idea ultra, y no es nada nuevo, consiste en que las pensiones del sistema público no sean dignas. Por eso el sistema es permanentemente atacado. Hubo intentos en los 90, también a principios del milenio, y ahora otra vez. Los buitres merodean -con sus comisiones por gestión- porque son muchos miles de millones de euros a los que el sector privado quiere meter mano.
Resulta vergonzosa la escuálida revalorización de las pensiones, más aún cuando el crecimiento económico del país se sitúa en torno al 3 por ciento. Resulta vergonzoso ese crecimiento del 0,25 por ciento cuando el gasto que suponen no llega al 10 por ciento del PIB, mientras en países de nuestro entorno se encuentra en el 14 por ciento. Es decir, realmente no existe un problema de financiación.
Desde el Gobierno del PP alientan a los actuales trabajadores a que “ahorren” con vistas a los planes privados, el problema es que si una persona quisiera mantener el nivel de vida en la jubilación y tuviera que complementar con mil euros la pensión tendría que ahorrar unos 400.000 euros. ¿Cómo logra la clase trabajadora ese nivel de ahorro con unos salarios que también son de vergüenza?
En esta estrategia privatizadora, un protagonismo especial adquiere la frivolidad de la ministra de Empleo y Seguridad Social. Fátima Báñez busca y haya titulares proponiendo al aire que debería ampliarse el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral.
La ministra debería abandonar la política de globos sonda en beneficio de una política social seria de dialogo y búsqueda de acuerdos. Debería convocar la Mesa de Diálogo Social del Pacto de Toledo porque estamos hablando de un asunto tan importante como urgente.
Hay que defender con contundencia un sólido sistema público de pensiones. De hecho, durante la recesión, la única fuente de ingresos económicos para uno de cada seis hogares ha sido la pensión de alguno de sus miembros. La pensión es garantía de cohesión territorial, por encima de las banderas, y de cohesión generacional.
La hoja de ruta neoliberal es clara. El objetivo es que el sistema público garantice una pensión muy pequeña para que tengamos que buscar planes privados. Pero no lo van a conseguir porque esa escaleta privatizadora, que también han querido aplicar a la sanidad y la educación, la estamos desmontando.
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