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“La mayoría de los políticos son honrados”

Por Patricia García
miércoles 24 de febrero de 2016, 18:20h

Ríos de tinta corren en estos días a propósito de la corrupción que infecta buena parte de nuestro entramado institucional. Por supuesto, la cosa no es para menos, porque a los ya conocidos casos ERES, Púnica, Gürtel, etc., se ha venido a sumar recientemente el bochorno de Valencia… Así que el tema está encima de la mesa, nos guste o no (como no le gustó al Sr. Rajoy cuando Dª. Rosa Díez le advirtió, allá por 2011, de que teníamos un problema).

Sea como fuere, el caso es que, a pesar de que parece que ya está claro que tenemos un problema, da la impresión de que no hay forma de que se enfoque correctamente. Durante muchos años, cada vez que surgía un escándalo de corrupción en un partido político, la respuesta invariable era el famoso “y tú más” al que tan acostumbrados nos tuvo el bipartidismo. Y claro, ahí se acababa la discusión, porque efectivamente en el lado contrario se acusaba el golpe. Actualmente, el grado de conocimiento que tenemos a propósito de la enorme podredumbre que esconde la práctica mayoría de los partidos (no “todos” los partidos) ha hecho imposible continuar con el “ytumasismo”, y ha hecho su aparición otro argumento igualmente falaz y que tampoco lleva a ningún sitio, el de “la mayoría de los políticos son honrados”. Es éste un argumento que he tenido que soportar últimamente en varias conversaciones y que me pone de un humor de perros que no se pueden ustedes imaginar.

Se trata de un argumento falaz porque no encara el asunto principal: no se trata de medir en una escala del 0 al 100 cuántos políticos son honrados y cuántos no; se trata de evitar que la política atraiga a tanta gente deshonesta, de detectar a tiempo al que se cuela y de expulsarlo y sancionarlo rápida y eficazmente. Luego volvemos a esto.

Además, y por otra parte, que unas personas que ostentan el máximo poder en sus partidos y que han permitido el tremendo saqueo del que han sido objeto nuestras ciudades, nuestras comunidades autónomas y nuestro país tengan la desfachatez de esconderse detrás de los cientos o miles de ciudadanos que se dedican a la política de forma honrada me parece una desvergüenza imperdonable, que precisamente a quien más debería ofender es a esos sus correligionarios honestos a los que utilizan como escudos humanos. Es, en definitiva, un argumento perverso que viene a decirnos algo así como que, si ahondamos en el tema de la petición de responsabilidades, van a terminar pagando justos por pecadores. Así que no se trata de un argumento que busque dignificar la política, sino todo lo contrario: opta por chantajear emocionalmente al personal para mantener la vía libre, evitar afrontar el problema y, en resumen, obtener la impunidad.

Lo que a estas alturas ya deberíamos tener todos bastante claro es que la corrupción es una enfermedad social: no hablamos de casos aislados; hablamos de auténticos entramados que han colonizado gran parte de nuestras instituciones y que causan grave perjuicio a todo el cuerpo social tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la calidad de nuestra democracia y, al menos en mi opinión, suponen un lastre pesadísimo que compromete seriamente el desarrollo y la prosperidad del país.

Por lo tanto, no se trata sólo de cuantificar, acusar y obligar a resarcir (que también), y desde luego no se trata de buscar argumentos buenistas (“la mayoría son honrados”) o deterministas (“España es así”), sino de enfrentar el problema de una forma, digamos, “científica”, como cualquier otra enfermedad.

Por lo tanto, igual que para luchar contra el cáncer, también para terminar con la corrupción necesitamos sistemas de prevención, de diagnóstico y detección precoz y de tratamiento y seguimiento de su evolución. Es decir, como apuntaba más arriba, se trata de evitar en primer lugar que el mundo de la política ofrezca incentivos a los corruptos y, en segundo lugar, que sus acciones queden impunes.

No es tan difícil, ni siquiera es caro, y existen muchísimas medidas que se pueden tomar, que en estas líneas no me da tiempo a desarrollar (existe en cualquier caso mucha literatura sobre el tema, y desde UPyD llevamos años intentando llevarlas a buen puerto) pero algunas de las cuales sí me gustaría apuntar: eliminar los aforamientos, limitar mandatos, clarificar las retribuciones de los cargos electos (no es necesario asignarles un sueldo de hambre, o directamente pedirles que trabajen gratis, como muchos parecen querer; basta con establecer sueldos racionales y cerrados, sin dietas ni complementos), prohibir la duplicación de cargos (por ejemplo, alcalde-diputado), impedir las puertas giratorias, reforzar y despolitizar la Justicia y los organismos de regulación, inspección y control y, sobre todo, impulsar medidas de transparencia auténtica, menos enfocadas a cotillear cuánto dinero tienen nuestros políticos en su cuenta corriente o dónde veranean y más a saber qué hacen con nuestros impuestos y por qué.

Sin embargo, y con ser necesarias todas estas medidas, y muchas otras, me gustaría insistir en el carácter de “enfermedad social” de la corrupción, y en la necesidad de eso que está tan de moda ahora: construir un relato que la condene sin paliativos, fomentar una conciencia ciudadana que convierta la corrupción en un “pecado social” imperdonable, de forma que no sólo el político corrupto sepa que no va a quedar impune, sino también que el partido que lo ampara sepa que va a tener un coste electoral. Y tampoco es tan difícil ni tan caro. Siempre que se habla de crear conciencia social, se suele argüir que la educación es una carrera de larga distancia y que sus frutos sólo se ven al cabo de muchos años. Desde luego, en general esto es así (por eso es tan trágico que no exista en España una buena asignatura de Educación para la Ciudadanía, aunque ése es otro tema y debe ser tratado en otra ocasión….), pero se pueden acelerar las cosas. Me gustaría poner dos ejemplos muy dispares de cambio efectivo de conciencia social en un muy corto espacio de tiempo: la violencia de género y la prohibición de fumar en casi cualquier espacio público. Hoy en día no queda ya ningún energúmeno que defienda la hipótesis del crimen pasional (o, al menos, que se atreva a hacerlo en público sin ser lógicamente expuesto a escarnio), y hasta los fumadores más empedernidos, si no llevamos nuestro vicio en secreto, al menos hemos desarrollado una especie de pudor que a menudo va más allá de lo que exige la ley. Y, recordémoslo, no hace tanto tiempo que las cosas eran bien distintas.

Pero para que ese relato se escriba, se difunda y cale en la sociedad hace falta que todos los actores políticos estén dispuestos a impulsarlo, y me temo que ahí está el obstáculo: no en esa mayoría de políticos honrados, sino en sus jefes, en los que se parapetan detrás de ellos.

Patricia García.

Miembro del Consejo Político de Unión, Progreso y Democracia.

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