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Baltasar Santos, alcalde de Navalcarnero
Baltasar Santos, alcalde de Navalcarnero

El Fiscal pide levantar la imputación del alcalde de Navalcarnero

martes 18 de noviembre de 2014, 11:52h
El Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento de la causa que se sigue contra Baltasar Santos, alcalde de Navalcarnero, por presuntas irregularidades en diversos pagos por decreto realizados desde finales de 2011 a principios de 2014.

El procedimiento se inició a raíz de una querella del PSOE dirigida contra el alcalde, la exinterventora Teresa de Jesús Hermida y la delegada de Hacienda, María Jesús Neira, por supuestos pagos ilegales por decreto. En el escrito, el fiscal señala que resulta procedente llevar a cabo el sobreseimiento provisional de la causa en relación a los tres imputados. Las irregularidades de los pagos, según los socialistas, alcanzaron los 2,1 millones de la subvención que recibió el municipio del Estado con cargo al Plan E, una cantidad que se iba a destinar a la remodelación del mercado municipal. Según la denuncia, el Estado ingresó 1,7 millones y el Ayuntamiento, 578.441 euros. 

Además, el fiscal señala que las certificaciones de la remodelación del mercado se pagaron con cargo al Plan de Pagos a proveedores aprobado por el Gobierno en el año 2012. "La interventora considera que esta conducta fue legal, ya que dicho Real Decreto obligaba a los ayuntamientos a incluir todas las facturas pendientes y estas lo estaban", añade. "Tal conducta no supuso recibir dos subvenciones por un mismo concepto, dado que el Plan de 2012 era un préstamo a los ayuntamientos y no una subvención", continúa, por lo que "entiendo que en efecto existió en esta conducta una irregularidad pero que de nuevo la misma no rebasa la esfera de lo administrativo, toda vez que no se detrayeron causales públicos".

"Hubo alteración, por tanto, del destino de los caudales sin que resultase un lucro injusto para ninguno de los imputados ni para terceros. De haberse respetado la legalidad estrictamente se habría debido pagar la facturas en 2012 y las certificaciones de remodelación del mercado exclusivamente con cargo a la subvención recibida por este concepto", manifiesta el fiscal, "y si bien ello hubiese sido lo deseable, para garantizar el funcionamiento intachable del Ayuntamiento, el no haberlo hecho no puede considerarse ilícito desde el punto de vista penal al no concurrir los requisitos de ninguno de los tipos objeto de la investigación", añade.

Por todo ello, el fiscal recalca que en el momento actual "no existen indicios suficientes que permitan la continuación de la causa en contra de los imputados, y, en particular del alcalde, a quien debería circunscribirse, con los datos que obran en las actuaciones, la responsabilidad por las decisiones analizadas". 

El fiscal concluye que las conductas de los imputados son "claras e incluso se reconocen por los imputados, siendo una labor de interpretación jurídica la de determinar si las mismas constituyen o no infracción penal".

 

 

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