Los magistrados han rechazado el recurso presentado por la Fiscalía en el que pedía que el juez instructor cerrara la causa y la elevara al órgano superior para su archivo. Con esta iniciativa el Ministerio Público solicitaba que la Sala de lo Penal valorara si la causa debía ser o no archivada en virtud de la reforma legal que limita la jurisdicción universal o sometida al criterio del Tribunal Constitucional. No obstante, el Pleno no se ha pronunciado sobre este extremo y no entrará a valorar el fondo del asunto, han añadido las mismas fuentes.
Pedraz rechazó el pasado 17 de marzo archivar este procedimiento al considerar que la limitación de la justicia universal aprobada por el Congreso de los Diputados contravendría la cuarta Convención de Ginebra, que obliga a "perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado". La nueva normativa establece que los tribunales españoles sólo son competentes para investigar causas de justicia universal cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional.
La Fiscalía recurrió su decisión en reforma alegando que Pedraz se había extralimitado y había vulnerado "palmariamente" las normas de competencia funcional, al negarse a cerrar la posibilidad de que las partes plantearan una cuestión de inconstitucionalidad contra la limitación de la justicia universal.
El juez rechazó este recurso asegurando que la reforma, impulsada por el trámite de urgencia por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, carece "de sentido" y presenta "evidentes lagunas" que hacen imposible su aplicación a este caso. Ante este nuevo auto el fiscal presentó su recurso de queja ante el Pleno de la Sala de lo Penal, al que el juez se opuso en un escrito de alegación en el que ponía de manifiesto la diferencia de criterio en este asunto entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y otras secciones del Ministerio Público como Anticorrupción o Antidroga. "Mientras una Fiscalía aboga por una interpretación amplia, otra, la de la Audiencia Nacional, respalda una interpretación más restrictiva", señalaba Pedraz en su escrito, en el que criticaba el "peculiar" trámite procesal que le solicitaba la acusación pública.
En la causa están procesados y bajo orden de busca y captura tres militares del Ejército estadounidense por un delito contra la comunidad internacional en concurso con otro de homicidio. Se trata del teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson. Couso murió en el hotel Palestina de Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003 al ser disparado mientras grababa la entrada de las tropas norteamericanas en la ciudad.
Los familiares del cámara de televisión fallecido se han mostrado "muy, muy contentos" con la decisión de la Audiencia Nacional. "Lo valoramos positivamente. Sobre todo, demuestra la madurez de la Magistratura de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional dándole la razón al juez Santiago Pedraz para seguir investigando", ha manifestado este viernes el hermano del cámara y portavoz de la familia, David Couso.
Asimismo, el hermano de José Couso ha indicado que con este paso le tribunal está "respaldando la Jurisdicción Universal y la búsqueda de justicia", que, desde su punto de vista, es lo que "más recompensa" ha traído a la ciudadanía en la investigación de crímenes de lesa humanidad y de asesinatos.
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