Firmado el plan que dará respuesta a los 7.725 vecinos censados en la Cañada

El texto, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno del jueves pasado, "busca mantener el mayor número de viviendas existentes". A lo largo del año pasado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid fue anunciando sus planes urbanísticos para la Cañada. Dijo que el proyecto contemplaba la construcción de viviendas unifamiliares en las zonas 'bien' y que el resto sería zona industrial. El plan fija ahora que se consoliden, mediante la compra del suelo, aquellas viviendas que cumplan unas condiciones mínimas de habitabilidad (no infraviviendas) y en las que no se desarrollen actividades ilegales, como los búnkeres dedicados al narcotráfico. Solo tendrán derecho a consolidar su vivienda (o a optar a un realojo) aquellas personas que fueron censadas hace dos años por los ayuntamientos. La suma de los censos de los tres municipios da un total de 7.725 residentes. Sin embargo, el presidente regional ha reconocido que últimamente "han llegado nuevos asentamientos de forma descontrolada" que no tendrán acceso a la propiedad. El sector VI (Valdemingómez, la parte más marginal asentada en el término municipal de Madrid) "llevará un proceso diferenciado y más prolongado en el tiempo". El Ayuntamiento de Madrid siempre explica que en esta zona es imposible urbanizar viviendas puesto que existe una zona de exclusión de dos kilómetros alrededor de la incineradora de Valdemingómez (ley 34/2007 de calidad del aire), además de un gasoducto que cruza la vía.

La alcaldesa de la capital, Ana Botella, ha asegurado que el Consistorio lleva tiempo trabajando en esta zona "y así vamos a continuar". Además, ha recordado que, aunque no tienen la obligación legal de hacerlo, no se están ejecutando derribos en este sector desde enero del año pasado (no así en El Gallinero, poblado chabolista contiguo, donde sí se derriban infraviviendas con cierta frecuencia).

Rivas no firma y pide "un plan real"

El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, José Masa, no ha querido firmar el acuerdo porque considera que el Gobierno de la Comunidad de Madrid a "está tratando de 'vender' a través de titulares una solución mágica": "La Cañada real necesita un acuerdo real". El primer edil del municipio, gobernado por Izquierda Unida, pide que se fije cuál será exactamente el papel de Instituto de Realojo e Integración Social (IRIS) y que se defina qué pasará con los vecinos que cumplan los requisitos pero no puedan acceder a la compra del suelo porque su situación económica no se lo permita. Según un portavoz de la localidad, de los 1.132 censados en la parte ripense de la Cañada, dos tercios no podrían afrontar ese gasto. González ha manifestado que aún no se ha fijado el precio del suelo, por lo que aún no se puede saber quién podrá o no podrá pagarlo. Además, el presidente regional ha lamentado la ausencia de Rivas en el acuerdo "por intereses políticos o partidistas" y ha dicho confiar en que "en muy poco tiempo se incorporará a esta iniciativa que hoy ponemos en marcha". En cualquier caso, González ha manifestado que se va a actuar en Rivas con independencia de que hoy el Consistorio ripense no haya rubricado el plan. De hecho, "el plan no tiene responsabilidad jurídica, sino que es una voluntad comprometida".

Cristina Cifuentes no ha sido invitada

Una de las principales ausencias en este acto, que ha contado con numerosos representantes de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, ha sido la de Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno. En su opinión, según recoge Europa Press, es "la Comunidad quien tiene que explicar" los motivos por los que el Gobierno de la Nación no ha estado presente. "No voy a hacer valoraciones. Supongo que la Comunidad de Madrid habrá entendido que no era necesaria la presencia del Gobierno de la Nación en el acto de la firma de convenio de hoy", ha declarado Cifuentes.

El acuerdo marco incluye un protocolo de seguridad que pretende acabar con la delincuencia en la Cañada Real. En febrero del año pasado Ana Botella se comprometió a que la Policía Municipal patrullaría la zona 24 horas "para evitar nuevos asentamientos y acciones delictivas como la quema de coches". Cristina Cifuentes explicó entonces que la idea era realizar un 'mapa de la delincuencia' para confeccionar las actuaciones específicas y diseñar las estrategias de intervención policial. Hoy el presidente regional ha repetido que este convenio sigue en pie y por ello ha resultado llamativa la ausencia de la delegada.

50 años de conflicto

La Cañada Real Galiana atraviesa la Comunidad de Madrid. Las zonas que discurren limítrofes a la capital son las conflictivas pues su proximidad al área urbana supuso que en los 50 y los 60 la inmigración rural ocupara estos terrenos públicos. Población gitana española se asentó en la zona en los 70 y los 80, mientras que, a partir de los 90 comenzó la llegada de inmigrantes extranjeros (sobre todo marroquíes y rumanos). 

Los 14,2 kilómetros sobre los que se extiende la zona se dividen en seis sectores. Los sectores I, II y III se caracterizan, tal y como indica un informe del IRIS, por sus viviendas unifamiliares (mayoritariamente casas bajas y chalés) donde residen familias españolas. El sector IV está constituido por una mezcla de chabolas y viviendas humildes habitadas en su mayoría por españoles y marroquíes. El sector V, conocido como Covibar, conviven familias españolas y extranjeras "en casas unifamiliares de hasta dos pisos". El sector VI, Valdemingómez, es el más mediático por tratarse de una extensión de chabolas donde ha aumentado el tráfico de drogas. A menos de un kilómetro de esta última zona se encuentra El Gallinero, poblado habitado por gitanos rumanos en su totalidad.

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