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Juzgados de plaza Castilla
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La Comunidad se plantea pedir la derogación de la ley de tasas

Por MDO/E.P.
lunes 16 de diciembre de 2013, 18:40h
La Comunidad de Madrid se planteará pedir la derogación de la ley de tasas si su recaudación no se dedica íntegramente a justicia, según ha adelantado este lunes el Consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, durante la celebración de la Sectorial de Justicia.

Las comunidades autónomas han rechazado de forma unánime la propuesta del Ministerio de Justicia sobre la parte de la recaudación de las nuevas tasas judiciales que irá destinada a financiar la justicia gratuita, así como la mayoría se ha opuesto también a la nueva demarcación y planta judicial que el Gobierno ha puesto sobre la mesa.

Así lo han puesto de manifiesto consejeros de todo signo político tras la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada este lunes bajo la presidencia del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ya que el ministro Alberto Ruiz Gallardón ha sufrido un accidente y tiene dos costillas rotas. En ella, el ministerio ha trasladado a las comunidades los proyectos en los que trabaja y ha centrado el debate en las dos que más afectan a las autonomías, la ley de tasas y la demarcación y planta judicial.

El reparto de fondos obtenidos por las nuevas tasas judiciales ha sido el asunto más polémico de la reunión, ya que las comunidades se oponen a la propuesta de Justicia de traspasar a las comunidades los fondos necesarios para financiar el coste de los nuevos beneficiarios de la justicia gratuita. "Se nos dijo que las modificaciones de las tasas judiciales estarían destinadas a la mejora de la justicia gratuita, por eso pedimos al Gobierno que cumpla su palabra", ha avisado el consejero de Presidencia y Justicia de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

También desde la Comunidad de Madrid su consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha rechazado la propuesta del Ministerio y ha pedido que la cantidad íntegra recaudada por las nuevas tasas se destine a la financiación de la justicia gratuita. "Estamos insatisfechos y decepcionados", ha reconocido tras el encuentro, a la vez que ha recordado que la ley de tasas ya tenía la oposición de todo el ámbito judicial y se sustentaba en esa mejora de la justicia gratuita. Por ello ha adelantado que, si el Gobierno no modifica su propuesta, la Comunidad de Madrid podría llegar a pedir la derogación de la ley de tasas, que quedaría como un instrumento "meramente recaudatorio" y no ayudaría a convertir a la justicia en el servicio público esencial que merecen los ciudadanos.

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha coincidido en estas críticas y ha insistido en pedir al departamento de Alberto Ruiz Gallardón que "reconsidere" su postura "dado que la propuesta inicial y la de ahora son diferentes". "La postura conocida hoy no encaja con lo anunciado en su momento y esperamos un acuerdo en una negociación", ha apuntado.

Justicia gratuita

Tras la reunión han comparecido de forma conjunta los representantes de Andalucía, Asturias y Canarias --comunidades no gobernadas por el PP--, que han recordado que el artículo 11 de la ley de tasas establecía que el dinero estaría destinado a financiar la justicia gratuita. "En este asunto, como en otros muchos, también se está sufriendo la asfixia económica del Gobierno", ha censurado el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera.

El consejero de Justicia canario, Francisco Hernández Spínola, ha acusado de "actitud cicatera" al Ministerio y ha lamentado que, de los 313 millones recaudados por las tasas, sólo una cantidad "ínfima" iría destinada a las comunidades autónomas, que deben hacer frente a un gasto "importante" de asistencia jurídica gratuita que no está cubierto con lo que recibieron cuando se hicieron cargo de las competencias en materia de justicia.

Esta propuesta tampoco ha obtenido el respaldo del País Vasco, cuyo consejero de Justicia, Josu Erkoreka, ha reprochado a Gallardón que sólo una parte de la recaudación de tasas vaya destinada a la justicia gratuita y el resto se prevea para financiar "otros gastos del Ministerio, entre ellos el sueldo de los altos cargos".

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