La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha iniciado los trámites para flexibilizar la ordenanza de terrazas y para liberalizar los aparcamientos públicos. Dentro de que la medida puede ser más o menos criticable, la situación económica actual de los municipios tampoco deja demasiado margen para aplicar otras alternativas. No así la oleada de despidos en empresas públicas, que es evitable haciendo planes de viabilidad que no carguen las tintas en el capítulo de personal.
Como decía, Botella no tiene mucha alternativa ni es una excepción, independientemente de la ideología. El sistema actual pone a los mandatarios municipales entre la espada y la pared. Lo fácil es decir que hay que cambiar el modelo, pero hay que dar alternativas reales y coherentes al asunto y eso ya no es tan fácil.
Estas liberalizaciones son un ejemplo de la nueva fase que está tomando nuestra sociedad. Primero fue la reforma laboral. El mensaje era: o somos trabajadores más baratos o somos menos competitivos y, por tanto, estamos abocados al desempleo. La consecuencia fue que las exportaciones crecen a costa de que los costes laborales son menores, no porque nuestras empresas sean más potentes que las extranjeras. Es decir, que lo que exportamos es producción barata. Si no se remedia, ese va a ser nuestro valor añadido y nuestra marca de país.
La segunda pata del nuevo sistema al que nos están dirigiendo es: nuestro sector público está sobredimensionado (aunque es bastante menor que el de otros socios comunitarios más competitivos y menos endeudados). Hay que reducirlo porque su fin es que funcione siempre que sea sostenible económicamente. Y entonces se recorta la estructura de la administración pública, se implantan o suben tasas, y se eliminan servicios públicos. Y aunque hay elementos de la administración que se prestan al recorte, hay servicios públicos que siempre van a ser deficitarios y no se pueden prestar a la optimización económica, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o las pensiones.
El tercer episodio es la puesta a la venta del espacio público. Es decir, la ciudad ya no es de los ciudadanos, sino de las administraciones (que no deberían considerarse otra cosa que la sociedad organizada), que ponen las calles, las plazas, las playas y cualquier espacio susceptible de rentabilidad a disposición del dinero: comerciantes, turistas, empresas publicitarias, concesionarias, etcétera. La excusa esta vez: o eso, o no podrá mantenerse el lugar donde vivimos y, además, tendrá que reducirse aún más la administración. Sin ponerme apocalíptico, ¿cuál es el final de todo esto? Pues que convertirán al ciudadano de a pie en un sujeto fabricado para consumir y trabajar, alimentando así a un sistema que nos fagocita.
Por suerte, todo movimiento genera su contrario. La sociedad comienza a tomar decisiones para cambiar el rumbo. Los ciudadanos están tomando conciencia de la necesidad de asociarse para defender sus derechos. La justicia sienta a algunos de los responsables en el banquillo. Empieza a surgir un germen político en los partidos tradicionales y en nuevas formaciones que quieren transformar la forma de organizar la sociedad. Los intelectuales piden a gritos un cambio de modelo productivo que apueste por la educación y la investigación en vez de por la precarización laboral. Las comunidades han recuperado la solidaridad, la ética del trabajo y del consumo, y el principio que las hace indispensable: las personas están por encima del dinero. Pero, sobre todo, la gente ha rescatado el espíritu crítico, adormecido en los años de vacas gordas. Ahora solo hace falta la madurez social suficiente para entender que la crítica útil es la constructiva y no la destructiva, a pesar de que la primera suponga inevitablemente destruir algunas cosas. Es decir, que lo importante no es detectar el problema, sino buscar la solución adecuada al mismo.
Si (
No(
