La Junta de Accionistas de la funeraria Funespaña ha destituido a su presidente y primer accionista, José Ignacio Rodrigo Fernández, imputado en el "caso Funeraria", y a otros cuatro consejeros independientes. Así lo ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Rodrigo Fernández continuará como consejero de la funeraria, ya que agrupó sus propias acciones y las de las sociedades Astaldo e Infavi para ejercer su derecho a nombrar a dos nuevos consejeros: él mismo y Gerardo Sánchez Revenga, también destituido durante la Junta.
La Junta de Funespaña se celebró con una asistencia del 72,29 por ciento del capital social el pasado 25 de julio en Almería, aunque sus acuerdos se comunicaron el jueves a la CNMV, que los ha hecho públicos este viernes. El ex presidente es propietario de un 29,546 por ciento del capital social de la compañía, entre participaciones directas e indirectas, a través de las sociedades Astaldo e Infavi, de las que es accionista único. José Ignacio Rodrigo se encuentra imputado en el "caso Funeraria" en el que, desde junio, se juzgan supuestas irregularidades en la privatización de Funespaña. El resto de los consejeros destituidos han sido Francisco Extremera Merencio, Luis Morell Ocaña y José Luis Sánchez Fernández de Valderrama.

La votación para la destitución del presidente y de los otros cuatro consejeros se produjo, fuera del Orden del Día, a propuesta del vicepresidente del Consejo, Juan Antonio Valdivia Gerada (también imputado en el juicio), y fue aprobada por mayoría, tras el voto en contra de las acciones de Rodrigo (40,87 por ciento del capital asistente, presente o representado). Por otro lado, la Junta rechazó por mayoría la propuesta de Rodrigo de destituir a Juan Antonio Valdivia por incompatibilidad.
En este sentido, José Ignacio Rodrigo y los otros cuatro consejeros destituidos han comunicado este viernes a la CNMV que consideran que tanto la petición de Valdivia como el acuerdo de la Junta "puede" vulnerar varios artículos de los Estatutos de Funespaña y que al vicepresidente se le debería aplicar la legislación de incompatibilidades. El texto enviado a la CNMV indica que el vicepresidente "declaró ser consejero y tener una participación del 45 por ciento en una sociedad competidora que tiene su domicilio en el mismo de Funespaña, en Almería".