El vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, confirmó este viernes la voluntad del Gobierno regional de ser el mediador entre "los intereses medioambientales y los de muchos ciudadanos afectados por el tráfico (de la Casa de Campo) y el acceso a Madrid". Prada hizo estas declaraciones antes de la clausura del curso 'El factor de la Justicia en la construcción del orden social' en los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos que se celebran en Aranjuez.
Durante su intervención destacó que la Comunidad de Madrid solicitará al Ministerio de Justicia la creación "de 90 nuevas unidades judiciales para la región, una cifra que goza del acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que sería fundamental para empezar a afrontar la grave situación que vive la justicia madrileña".
Prada reclamó que las Comunidades Autónomas que tienen transferidas competencias en materia de Justicia tengan mayor peso y capacidad de decisión, "ya sea determinando el número de órganos judiciales que se crean cada año dentro del territorio o simplemente decidiendo dónde o a qué orden se atribuyen los juzgados que el Ministerio de Justicia tiene capacidad para crear en función de las necesidades".
Según explicó el vicepresidente segundo, las Comunidades Autónomas asumen, a su juicio, "la práctica totalidad del gasto" y entiende que pueden gestionar los medios materiales en justicia. "Sin embargo, se nos niega esta capacidad de decisión", apuntó.
Prada, que se reunirá la próxima semana con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, planteó la necesidad de llevar a cabo una reforma integral de la Justicia que, sin "desvirtuar" la esencia del Poder Judicial, "adapten su estructura y su funcionamiento a las necesidades de la sociedad actual".
Esta reforma se debería apoyar, según el titular de Justicia del Gobierno regional, sobre cuatro pilares: la reforma del sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acabe, en su opinión, con la imagen de "politización" que se está ofreciendo a la ciudadanía; la revisión del Estatuto del Ministerio Fiscal; una modificación profunda de la legislación procesal; y la actualización de la planta judicial, otorgando "mayor peso y capacidad" de decisión a las comunidades autónomas en este ámbito.
Finalmente, Prada calificó a la Justicia dentro de la Administración pública española como la "hermana pobre" y apostó por su modernización, para convertirla en "rápida, eficaz y accesible" al ciudadano".
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