Tras conocerse en caso del centro Juan XXIII
El PSOE y los sindicatos piden más control sobre las residencias de mayores
Por MDO/Efe
jueves 28 de junio de 2007, 00:00h
Actualizado: 16/05/2013 18:58h
La polémica sobre la residencia Juan XXIII de Alcobendas, sobre la que se ha descubierto un trato vejatorio a los mayores residentes a través de un programa de televisión, ha levantado las primeras críticas de la oposición regional. Así, la portavoz de Familia y Asuntos Sociales del PSOE en la Asamblea, Carmen García Rojas, denunció que la Comunidad sólo cuenta con nueve inspectores para controlar la calidad de los más de 1.500 centros de servicios sociales que hay en la región, entre ellos las residencias de mayores. Los sindicatos también pidieron más control sobre estos centros.
García Rojas, que avanzó que su grupo presentará una iniciativa para pedir más inspectores, señaló que también "se plantea pedir la comparecencia de la nueva consejera para que explique qué ha pasado en la residencia privada Juan XXIII de Alcobendas y cómo están el resto de centros privados". En un comunicado, García-Rojas consideró "ridículo" contar con nueve inspectores para "controlar de manera seria y regular la calidad de los servicios prestados en los más de 1.500 centros de servicios sociales de la Comunidad de Madrid y en las 558 residencias privadas que existen en la Comunidad de Madrid".
A su juicio, "la Consejería de Familia y Asuntos Sociales es directamente responsable de la terrible situación de la residencia al no haber dispuesto los medios suficientes para ejercer la acción inspectora en las residencias de personas mayores, algo reiteradamente denunciado por el grupo parlamentario socialista en las últimas legislaturas", dijo.
Mientras, UGT pidió que la Comunidad de Madrid se haga cargo de las personas mayores del centro para garantizar su atención y un trato digno. En un comunicado, la central sindical señala que estas situaciones "deben considerarse como puntuales" y que no son extensibles, "de ninguna de las maneras", estos hechos, a la red de residencias públicas y concertadas que hay en la Comunidad de Madrid. Ahora bien, señala UGT, "hay determinas personas que se aprovechan de la falta de los controles necesarios para ejercer la explotación de las personas y las familias de los mayores que necesitan de estos servicios".
Por su parte, el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, instó al Gobierno regional a "reforzar" el control, la inspección y la calidad de la atención a mayores dependientes para evitar casos como el conocido en Alcobendas. Tras reunirse con Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), López recordó la advertencia que su sindicato lanzó el pasado marzo cuando otra cámara oculta desveló supuestos malos tratos a niños de una escuela infantil del distrito de San Blas. "Lo que ocurrió con 'El borreguito azul' en educación ocurre ahora con los ancianos de la residencia Juan XXIII de Alcobendas", dijo el líder sindical, para quien "no basta con dar cheques para llevar a los mayores a una residencia privada, concertar plazas o poner un revisor que las visite una vez al año". A su juicio, hay que "reforzar" el control, la inspección y la calidad de un servicio público "tan esencial" como es la atención a situaciones de dependencia.