La Comunidad estudia recurrir la anulación del ERE de la Agencia de Protección de Datos

La citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se refiere al primer expediente de despido colectivo de la Comunidad de Madrid para el personal laboral fijo de la Agencia de Protección de Datos, que se presentó a finales del año pasado y fue recurrido por los trabajadores.

A raíz de aquello, la Agencia de Protección de Datos quedó disuelta el 1 de enero de este año y más de una veintena de funcionarios que trabajaban en la misma quedaron integrados en otros organismos de la Administración, según ha informado este miércoles la Cadena Ser.

Ahora, y según han informado fuentes de la Administración regional, la Comunidad ha recibido una sentencia del TSJM que declara nulo el ERE y obliga a readmitir al personal laboral fijo de la Agencia de Protección de Datos.

El TSJM considera en su fallo que el Expediente de Regulación de Empleo se ejecutó a finales de año y no a partir del 1 de enero, cuando entró en vigor de la Ley de Acompañamiento que contenía la medida.

Un "fallo de forma"
Según la Comunidad, la sentencia "no es firme" y por lo tanto "es recurrible" y por eso los servicios jurídicos de la Administración regional la están estudiando con vistas a la presentación del correspondiente recurso.

Aseguran que la sentencia hace alusión a "un fallo formal más que de fondo, a una cuestión de tiempos" y sostienen que el ERE "está bien hecho" y, por ello, no habrá que readmitir a los despedidos.

El PSM, por su parte, ha emitido un comunicado en el que exigen al presidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, que acate el fallo del TSJM, que "no malgaste el dinero de los madrileños en nuevos recursos" y que readmita a "los más de 20 profesionales que accedieron a su puesto de trabajo mediante oposición, no a dedo".

Según recuerda la presidenta del PSOE en la Asamblea, Amparo Valcarce, este "no es el primero varapalo judicial que sufre el Gobierno de Ignacio González" a quien acusa de "contratar asesores a dedo mientras despide a empleados públicos que reunían todas las condiciones de trabajo al servicio de la administración".

Recuerda que este ERE supuso el despido de 22 personas, la mitad de ellas funcionarios y la otra mitad personal laboral fijo con una media de 15 años de antigüedad (alguno de ellos hasta con 32 años de antigüedad, procedentes de la antigua Diputación Provincial de Madrid) y que "no se justificaba" por ahorro ni duplicidades.

Valcarce ha exigido además al presidente regional la reapertura de la Agencia de Protección de Datos.