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Los secretarios judiciales vuelven a parar contra Gallardón

miércoles 24 de abril de 2013, 00:00h
Los secretarios judiciales de Madrid secundan este miércoles su segunda jornada de huelga, con un seguimiento de un 65 por ciento según sindicatos que según el TSJM se reducía a un 33,76, para reclamar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un régimen estatutario y un marco de representación y negociación propio, así como el establecimiento de un catálogo pormenorizado de enfermedades profesionales.
El portavoz del comité de huelga de secretarios judiciales de la Comunidad de Madrid, Emilio López Durán, ha señalado que en esta ocasión han secundado los paros, una cifra similar a la lograda en la huelga del 11 de abril. Por ello, López ha tildado la huelga de "éxito rotundo" y ha destacado que estos paros no han sido convocados por las asambleas, sino que han surgido del "hartazgo" de los propios profesionales. Sin embargo, la cifra aportada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reducín el seguimiento a un 33 por ciento.

López, tras destacar que han recibido apoyos de lugares de toda España, ha afirmado que en la concentración que se ha celebrado frente a los juzgados de primera instancia de Capitán Haya ha habido cerca de 150 personas.

La huelga se ha llevado a cabo por el malestar del colectivo contra el borrador de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara Gallardón, ya que a su juicio les "infravalora, ningunea y menosprecia", tratando de atribuir "al secretario la condición de mero auxiliar y olvidando su carácter de autoridad judicial".

En un documento interno del Comité, los secretarios se muestran preocupados ante los cambios que acompañan esta reforma, como por ejemplo el artículo 143 que mantiene la jefatura de la Oficina Judicial pero introduciendo matices que suponen una superior dirección del juez.

Con la implantación de la oficina judicial, los secretarios judiciales vieron como sus funciones se incrementaron con la finalidad de descargar de trabajo a los jueces. De hecho, realizan el 80 por ciento del trabajo en los juzgados.

Una de las principales reivindicaciones del colectivo se centra en reclamar un Estatuto propio similar al que tienen jueces y fiscales. Hasta ahora, se rigen por el Estatuto de los funcionarios. En esta línea, se quejan de que sus condiciones laborales las negocian los sindicatos mayoritarios en la Administración de Justicia sin escuchar a sus asociaciones.

Malestar

En un comunicado, el Comité de Huelga expresó hace unos días su "profundo malestar" por la forma de actuar de Ruiz-Gallardón, quien, a su juicio, "se apresura a llamar con un talante negociador" al colectivo de jueces y fiscales, pero no así a los miembros del Cuerpo

"Tales actos no hacen sino demostrar realmente cuál es la auténtica afectividad del ministro hacia esta profesión y, lo que es más grave, hacia los ciudadanos pues no ha querido negociar para evitar un mal que nadie desea, que es la huelga en la Justicia madrileña", añaden para denunciar la "extrema e incomprensible parálisis" de las asociaciones de secretarios judiciales.

Este movimiento "de base y espontáneo" de fedatarios públicos reclama un marco de régimen estatutario propio, un nuevo régimen de sustituciones, un régimen disciplinario semejante al de jueces y fiscales al ser el de los secretarios judiciales "bastante más gravoso y duro que el de aquellos".

 Piden un marco de representación y negociación laboral propio y el establecimiento de un catálogo pormenorizado de enfermedades profesionales. Exigen que se resuelva "de una vez" la "atroz problemática y trato" a los miembros de la tercera categoría de secretarios.

El colectivo exige la "adecuación retributiva" a las responsabilidades que la ley le otorga en cuanto a la dirección del juzgado o la asunción de las funciones que anteriormente eran desempeñadas por los jueces, y por las que responden disciplinaria y penalmente. "Y que, en ningún caso, sean inferiores a las de los otros dos Cuerpos Superiores, jueces y fiscales".

Resume que se tratan de cuestiones estatutarias "sin coste económico alguno para el Estado" y que la modificación retributiva puede marcar un periodo de 'vacatio legis' -entrada en vigor- de dos años en espera de que mejore la situación económica que atraviesa el país.
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