Parla tendrá que pagar el 60% del convenio Bescam

El Ayuntamiento de Parla deberá pagar el 60% del convenio Bescam, según ha anunciado este jueves el alcalde José María Fraile. Ante esta situación, el regidor parleño ha opinado que se trata de "una agresión sin precedentes" por parte de la Comunidad de Madrid.

Según el alcalde, esta cifra fue transmitida en una reunión mantenida este miércoles con el consejero de Presidencia, Salvador Victoria, lo que supone que el consistorio tendrá que aportar 1,7 millones de euros de los 2,7 millones de euros previstos por el Ayuntamiento para este curso.

Fraile cree que su ciudad está siendo "constantemente agredida", por lo que además de recurrir por vía judicial el convenio, pedirá una reunión "urgente" con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, debido a que se trata de un "conflicto político" y no está "dispuesto a pasar por más agresiones" a los vecinos.

Por último, el edil parleño ha pedido que los vecinos, las fuerzas de izquierdas y los sindicatos se unan en una posición "beligerante" y en un "dique de contención" contra "semejante agresión".

38 vacantes sin cubrir
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, remitirá al Juzgado de Parla que investiga los supuestos sobresueldos en el Ayuntamiento la documentación referente a que esta Corporación Local "dejó de cubrir 38 vacantes en la Policía Local, hurtando así a los vecinos de Parla de esos agentes".

Además, el titular regional de Justicia ha replicado a las críticas de subjetividad de Fraile que ha analizado en todos los ayuntamientos el nivel de cumplimiento de la Bescam aplicando "tres criterios totalmente objetivos y matemáticos". El primero es el de la cobertura de plantillas y mantenimiento de una ratio de policías en proporción a la población. El segundo en la existencia de vacantes por Bescam y el tercero el pago de los sueldos.

Por tanto, Salvador Victoria ha instado al alcalde de Parla y a Tomás Gómez a dar explicaciones a los vecinos sobre estas irregularidades, entre ellas "tres presupuestos anulados y un sistema de contratación al margen de la Ley".