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Inquilinos de la EMVS denunciarán al Ayuntamiento por acoso inmobiliario

martes 02 de abril de 2013, 00:00h
Los vecinos de las viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda del distrito de Centro que el Ayuntamiento quiso vender presentarán una querella criminal contra el Consistorio ante lo que consideran como acoso inmobiliario.
El abogado de los vecinos, Endica Zuloeta, ha explicado que la querella se presentará por "coacción contra la integridad moral de los residentes" y por un presunto delito de estafa después de que el Ayuntamiento de Madrid "dijera que los pisos se iban a poner a la venta porque ya no había inquilinos dentro". Considera que se está realizando "violencia urbanística" y un "brutal acoso y asedio urbanístico", con "visitas de representantes de la EMVS, cartas y llamadas telefónicas".

Según explicó el portavoz y vicepresidente del colectivo, Salva Martí, a Madridiario, encargaron un peritaje psicológico para conocer cómo han afectado las decisiones municipales a los vecinos. Han podido detectar que al 17 por ciento de los entrevistados se les ha pasado alguna vez por la mente "acabar con todo" como opción al verse mayores y sentirse acorralados o en la calle.

El psicólogo Pau Pérez ha determinado el grado de ansiedad vivido por estos inquilinos. Ha destacado, además, que desde octubre hasta ahora han aumentado en un 30 por ciento las consultas al médico de cabecera por cuestiones relaciones con la salud mental. Un 20 por ciento de los vecinos entrevistados se automedican con ansiolíticos desde entonces, un 30 por ciento ha aumentado su consumo de tabaco, un 30 por ciento asegura salir de casa lo justo por temor a que cuando vuelvan no puedan entrar y un 5 por ciento ha decidido dejar a un miembro de la familia siempre en el interior de la vivienda para evitar esa supuesta eventualidad. El 82 por ciento sufren trastornos de sueño o insomnio. Ha habido intentos de suicidio e infartos por episodios de ansiedad. "Lo que es una situación mercantil para una empresa, es un drama para una persona", ha manifestado el psicólogo Pau Pérez, que ha concretado que esas ratios obtenidas son "infinitamente superiores a la media".

Los vecinos respondieron con una negativa a la oferta de este organismo municipal, que dio a los inquilinos la posibilidad de comprar los pisos. El trato se refería a los vecinos de las promociones de la calle Madera, 24-26; Carrera de San Francisco, 16; calle Embajadores, 46; y la calle San Cayetano, 8 y 10. Las condiciones establecían el abono del precio del piso, incluidos impuestos, en el momento de la firma de la escritura. El Ayuntamiento daba 45 días para aceptar el acuerdo y otros 30 para escriturar. Si no manifestaban su interés perdían el derecho de adquisición. Casi una veintena de ellos ya han finalizado sus contratos de alquiler con la EMVS.

No obstante, el Ayuntamiento de Madrid ha explicado que a pesar del rechazo de los inquilinos éstos mantendrán sus derechos como arrendatarios en las condiciones del contrato, "tal y como se les ha manifestado por escrito ante su renuncia". Fuentes del Ayuntamiento han subrayados que aquellos inquilinos cuyos contratos han terminado serán citados de nuevo por la EMVS para formalizar un nuevo contrato siempre y cuando cumplan los requisitos para ocupar una vivienda protegida.

Los inquilinos, agrupados en la plataforma ¡Yo no me voy!, denunciaron que las condiciones impuestas buscaban premeditamente que no pudieran ser compradas. El presidente de la plataforma de afectados, Alberto Romeral, señaló que tenían la sensación de que la carta estuviera diseñada "premeditadamente para que no se pueda acceder de ninguna manera a la compra de la casa".

Venta y realojo
Cuatro meses antes de esta situación, la EMVS firmó una opción de compra de estas 120 viviendas con Renta Corporación por 21 millones de euros. El Consistorio ofreció a sus habitantes, la mayoría con contratos indefinidos de alquiler social, el realojo en otras viviendas sociales en distintas zonas de la ciudad. Eso sí, la EMVS no garantizaba que en los nuevos pisos mantuviesen el mismo contrato de arrendamiento. Los vecinos temían perder sus derechos de alquiler para ajustarse a la nueva ley que contempla contratos de hasta cinco años.

Finalmente, la presión ciudadana paró el desalojo. Renta Corporación adujo "razones estrictamente empresariales" para no continuar con la operación de compra. "No se dan las circunstancias adecuadas para que el proyecto pueda desarrollarse conforme a los criterios de negocio estándar que rigen en la compañía". El entonces vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, explicó que los pisos seguirían de todas formas en venta.
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