Jueces y fiscales convocan una huelga contra Gallardón para el 20 de febrero

Un sector de los jueces y los fiscales han añadido que la intención del ministro de Justicia "suprimir de facto la independencia judicial" e imponerles un "trabajo inasumible" que permita crear "espacios de impunidad" de los que se beneficiarán los implicados en casos de corrupción.

Los jueces y fiscales reclaman la suspensión o derogación del tasazo, un incremento de las plantillas, el mantenimiento del presupuesto en la Justicia, soluciones al drama social de las ejecuciones hipotecarias y la reforma de la Ley del Indulto para frenar su uso "abusivo" y evitar que el Gobierno conceda estas medidas de gracia "usurpando la función del Poder Judicial, con informes desfavorables y sin aportar la menor explicación".

La comisión interasociativa de jueces y fiscales reunida este martes ha animado a los secretarios judiciales, los abogados y los sindicatos representativos del sector a sumarse la protesta, que tendrá lugar casi cuatro años después de la primera huelga judicial ocurrida en España.

"Prepotencia de Gallardón"
Representantes de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han argumentado que han "agotado todas las vías posibles" -llamadas a la negociación, paros parciales o concentraciones- antes de efectuar la convocatoria.

"La actitud de prepotencia de Gallardón, impropia de sus altas responsabilidades y su incapacidad para gestionar la crisis" ha abocado a las asociaciones a la "única salida" de convocar una huelga, aunque muestran su disposición a desconvocarla si el Gobierno atiende sus peticiones. "Los políticos se quieren blindar", han dicho.

En cambio, la Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora, ha lamentado la actuación de la comisión interasociativa en momentos "extraordinariamente difíciles" para el país y con una crisis que se proyecta en "tremendas dificultades sociales y un descrédito institucional larvado y emergente".