Cataluña no es España

Eso es lo que dicen muchas de las pancartas que vemos con frecuencia en la manifestaciones, en los estadios de fútbol y en diversas concentraciones.

Cataluña no es España y con ese objetivo, conseguir que Cataluña no sea España, se acaba de aprobar en la Cámara regional la soberanía de esa comunidad, con los votos de CiU, ERC y unos pocos acompañantes más que han decidido, con mucho cinismo, caminar hacia la independencia pero eso si, siempre dentro de la legalidad. Pero como va a ser legal proclamar acciones anticonstitucionales….O Artur Más es tonto o quiere tomarnos por tal cosa al resto de los ciudadanos. Nada de lo que se haga en ese sentido y al margen del Gobierno Central, será legal. Nada. Pero no importa. Al President de la Generalitat le importa tres pepinos la legalidad.  Él solo está interesado en una ambición personal con objetivos poco confesables de mantener un poder absoluto allá donde gobierna. Empiezo a dudar que le importe de verdad Cataluña  porque son muchos los sectores que le han pedido que ponga freno a sus aspiraciones para evitar más daño, sobre todo al sector económico. Petición que no tiene respuesta.
El otro día leí en El Economista que muchos empresarios se quejan por el descenso de la facturación en el resto de España. Y es lógico.

Artur Más, que como político deja mucho que desear, puede tener una carta guardada en la manga. Está apostando tan fuerte para negociar con Rajoy y el PP un sistema de privilegios en la financiación. Diferenciar a Cataluña del resto de España. Sería una trampa en la que no debe caer el Presidente del Gobierno porque ya se ha visto que los partidos nacionalistas necesitan la reivindicación permanente para mantener en tensión a su población votante. Y así lo hacen, sin importarles lo más mínimo las consecuencias que eso pueda tener para el conjunto de los ciudadanos. Y detrás de la financiación  volverá la independencia con otros argumentos. Todo seguirá igual.
El sistema de autonomías se hizo para contentar al PNV y a CiU y solo ha servido para potenciar su falta de lealtad institucional, alimentar la insatisfacción permanente, secuestrar a las mayorías parlamentarias y desequilibrar, claramente, los territorios del Estado. Las comunidades y su funcionamiento es uno de los motivos por los que los políticos son rechazados por el electorado, incluido sus propios votantes. Algo que ocurre en todos los partidos.

Los responsables públicos están obligados a dar un giro al funcionamiento del país. El paso que se acaba de dar en el Parlament tiene que servir para lo contrario de lo que pretende. Hay que abordar el deterioro político que sufrimos y no dejar que vayan a más las voces que aprovechan el conflicto para desprestigiar a la democracia. PSOE y PP deben pactar una reforma de la Constitución que ponga techo a las comunidades, recuperar algunas competencias, como la sanidad o la educación, que nunca debieron estar en manos sectarias y convertir en viable lo que económicamente no lo es.

El momento es delicado. Los ciudadanos están excesivamente hartos de las presiones nacionalistas que asfixian al estado. Pero también lo están de la corrupción, de los privilegios, de los “getas”…. Los políticos, esos señores que elegimos para que nos representen a todos, están obligados a recoger las auténticas reivindicaciones de la calle y hacerlas realidad. Recuerdan aquello de Adolfo Suarez de “hacer normal a nivel de Estado lo que en la calle es normal”. Pues eso.