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La Comunidad cede 1000 viviendas del IVIMA a familias desahuciadas

martes 27 de noviembre de 2012, 00:00h
La Comunidad de Madrid pondrá a disposición de Cáritas casi 1.000 viviendas públicas para que residan en ellas temporalmente familias en situación de especial necesidad que hayan sido desahuciadas y que pagarán entre 40 y 200 euros mensuales de alquiler.
Así consta en el convenio firmado este martes por el presidente de la Comunidad, Ignacio González, y el director de Cáritas Madrid, Julio Beamonte con el objetivo de alojar a familias en situación de especial necesidad que hayan perdido sus casas y que podrán residir en pisos del IVIMA, recuperados de ocupaciones ilegales.

Se trata de viviendas de entre 70 y 90 metros cuadrados de superficie, ubicadas en 34 municipios de la Comunidad -la mitad de ellas en Madrid capital-, que podrán ser habitadas por familias designadas por Cáritas durante al menos 5 años, prorrogables en caso necesario.

El acuerdo establece que personal voluntario de Cáritas realizará las obras de acondicionamiento necesarias para que las viviendas vuelvan a ser habitables, ya que muchas están deterioradas por el mal uso que han hecho de ellas los ocupantes ilegales.

Según han informado fuentes de la Comunidad, las primeras 500 viviendas del convenio se entregarán antes de Navidad y el resto están siendo revisadas por empleados del IVIMA, que realizan un presupuesto de las obras "casa por casa", de manera que una vez hayan sido ejecutadas se entreguen los pisos a sus nuevos arrendatarios.

El presidente regional ha confiado en que próximamente se puedan incorporar a este convenio otras viviendas de la Comunidad que en este momento no se utilizan, pero ha recordado que el IVIMA "desgraciadamente también sufre el movimiento 'okupa" y eso lo impide. González ha dicho que desconocía el número de viviendas del IVIMA que están ocupadas ilegalmente, pero que le parecía mal "aunque fuera solo una", porque es algo que "no se debería tolerar".

En cuanto al perfil de los futuros vecinos de las viviendas cedidas hoy a Cáritas, se trata en su mayoría de familias monoparentales, donde el responsable tiene entre 40 y 50 años, es parado de larga duración, muchas veces español y titulado universitario, que ha sufrido una ruptura familiar y está n situación de exclusión.

Para el responsable de Cáritas, la vivienda es un requisito fundamental para la integración porque sin ella "es difícil que haya familia" y porque su falta hace más complicado que una persona "recupere su dignidad y vuelva a ser útil en la sociedad".

Según González, el IVIMA ha adjudicado ya 83 viviendas a familias que han pasado de manera rápida y dramática a situaciones de pobreza y a raíz de la crisis, más de 5.000 inquilinos de pisos públicos han visto reducido su alquiler una media de 40 euros mensuales.
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