La razón es que una inmobiliaria había firmado con la EMVS una opción de compra de estas viviendas. El Ayuntamiento propuso , en consecuencia, realojar a sus actuales ocupantes en otras viviendas sociales pero ubicadas, en buena parte, en los nuevos PAU de Vallecas y Carabanchel, aunque también se ofertarán casas más céntricas preferentemente a personas mayores, según una portavoz de la empresa pública. "La EMVS no obliga a nadie a abandonar sus casas, pero no podemos garantizar que después de la venta vayan a mantener el mismo contrato de alquiler", especifica la portavoz, quien añade que ya hay algunas personas visitando las que serán sus nuevas viviendas. "Vamos a denunciar esta situación porque creemos que es un atropello. Los contratos que tenemos son indefinidos, de alquiler social y no se pueden romper de repente porque quieran vender las viviendas para conseguir liquidez", denuncia Juan Antonio Gilabert, uno de los vecinos de San Cayetano, 10. Según explica este afectado, sus alquileres sociales son de la 'Ley Boyer' y se renuevan automáticamente siempre que el inquilino cumpla las condiciones establecidas, algo que sucede. De ser realojados, los habitantes no solo tendrían que marcharse de sus barrios, en los que viven desde hace más de veinte años, sino que, según denuncian, también perderían los derechos de sus contratos y tendrían que ajustarse a la nueva ley que contempla periodos de alquiler de cinco años, además de una actualización de los precios. Según la información aportada por IU, 35 de los afectados tienen contrato hasta 2013, otros hasta el año 2014 y otros cuentan con una vinculación indefinida.
Gilabert indica que, de los 20 contratos de su edificio, 13 están firmados por jubilados, cuatro por personas con discapacidad y el resto por familias con niños en edad escolar a su cargo, que tendrían que cambiar de colegio a mitad de curso. En la calle de San Cayetano, famosa por la alegre decoración y la verbena que celebra durante sus fiestas patronales, hay otro edificio afectado, el número 8. Uno de sus inquilinos, Alejandro Flores explica que su madre, de 85 años, con la que vive, está "muy triste" porque quiere pasar los últimos años de su vida en la que considera su casa.
Derecho a compraOtro caso es el del edificio de la carrera de San Francisco. En este inmueble muchos propietarios querrían comprar su vivienda, algo a lo que aseguran que tienen derecho como inquilinos con prioridad sobre una empresa externa. "Si hiciera un nuevo contrato con la EMVS me multiplicarían el alquiler de unos 60 euros a 250, y con 55 años me acabo de quedar en paro", se queja Rafael Olmo, uno de sus habitantes.
Todos los inquilinos consultados aseguran que están organizándose para poner una denuncia en caso de que no conseguir llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento. Este miércoles tendrán una reunión conjunta con la EMVS, que hasta ahora solo ha contactado con ellos de forma individual.
Según IU, los 21 millones de euros que aportará la operación a las arcas municipales están muy lejos de los precios del mercado. El grupo municipal encabezado por Ángel Pérez se ha mostrado en contra de la "venta de patrimonio de este tipo y mucho menos de viviendas de alquiler que deberían servir para conformar un parque público para cubrir las muchas necesidades de los vecinos". Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Jaime Lissavetzky, quien ha visitado este martes una de las viviendas afectadas, ha asegurado que "es una situación digna de Charles Dickens (...) Ahora viene la casera Botella y les dice que se van a la calle porque al tener mucha deuda tenemos que hacer caja".
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