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Una reforma para 'ganar' la calle

Una reforma para 'ganar' la calle

Por David Canellada
jueves 26 de abril de 2012, 00:00h
Jueces y policías dudan de la eficacia de las reformas que el Gobierno pretende acometer para frenar lo que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, califica como "espiral de violencia de los colectivos antisistema".
Innecesaria, ineficaz e inconstitucional. Jueces y policías rechazan las reformas anunciadas por el Gobierno para ampliar su control sobre el orden público y atajar lo que el ministro de Interior ha denominado como "una espiral de violencia" de los colectivos "antisistema".

La mayoría de especialistas, sin embargo, discrepan de esta interpretación y relacionan estos anuncios con un intento del Gobierno de 'controlar' las calles ante el clima de tensión que se vive en los últimos meses y que, previsiblemente, irá en aumento de manera directamente proporcional a los recortes del Gobierno.

El primer examen será el próximo 12 de mayo, cuando el colectivo 15-M ha convocado a sus seguidores a una nueva acampada en Sol para celebrar el primer aniversario de este movimiento popular. La reacción de la presidenta madrileña y del propio ministro de Interior no se ha hecho esperar. "No, no va a acampar el 15M porque es ilegal y evidentemente no va a haber acampadas porque son actos ilegales", ha señalado Fernández Díaz. Aguirre, por su parte, ha mostrado su confianza en que la Delegación de Gobierno impida "estos actos ilegales". 

"El objetivo de la reforma es claramente político", lamenta el juez decano de Madrid y portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol."Ha habido unos incidentes puntuales y a partir de ahí se han anunciado las modificaciones legislativas, pero nunca es aconsejable legislar a golpe de sucesos o noticias".

La asociación Jueces para la Democracia -de corte progresista- va un poco más allá y denuncia que el Gobierno está haciendo un uso "propagandístico y demagógico" de la Justicia. "Las reformas anunciadas no sirven porque lo que se plantea ya está contemplado en el Código Penal", subraya el portavoz de la asociación, José Luis Ramírez. "Nos preocupa que sea sólo un anuncio para disuadir a los ciudadanos de que ejerciten sus derechos de reunión y de manifestación y para sembrar el temor en aquellos que quieran asistir a las manifestaciones".

Pero los más duros con las reformas planteadas son, paradójicamente, aquellos a quienes, teóricamente, iban a amparar estos cambios. El Sindicato Unificado de Policía habla abiertamente de "un brindis al sol que no va a ser eficaz". "Lo quieren vender como un respaldo a nuestro trabajo, pero no es así", subraya un portavoz del sindicato, José María Benito. "Lo que hay que proteger son los bienes y los derechos de los ciudadanos, no a nosotros".

El sindicato policial coincide con los jueces en que el actual Código Penal ya contempla respuestas eficaces contra los problemas que pueden surgir en una manifestación. "Ya hay mecanismos en el Código Penal, pero jueces y fiscales no los están aplicando", denuncia.

"Lo único que van a hacer es subir las penas para que los fiscales puedan pedir prisión provisional, pero eso no sirve de nada porque ya hemos visto cómo, en delitos más graves como robos o butrones, no se está pidiendo esa prisión provisional". Benito, incluso, cuestiona lo que se perfila como uno de los pilares de la reforma que estudian Interior y Justicia: la equiparación de la resistencia pasiva con el delito de atentado -que el artículo 551 del Código Penal castiga con penas que oscilan entre los dos y los cuatro años de prisión-. "No tiene sentido. No es lo mismo la resistencia pasiva que el atentado", sentencia.

Pero no es el único de los anuncios cuestionado por los expertos, que también plantean dudas sobre la intención del Gobierno de castigar a los organizadores de una manifestación en caso de que se produzcan incidentes, la calificación como delito de organización criminal de la convocatoria "a través de cualquier medio de comunicación" de cualquier acto "que altere gravemente el orden público" o la equiparación de los actos vandálicos con el terrorismo callejero.

"El que organiza o convoca una manifestación no puede saber lo que va a ocurrir ni puede responder por ello", recuerda José Luis Ramírez. "Es impensable que se equipare la resistencia pasiva con la resistencia activa o el atentado", prosigue González Armengol. "Si la pena es la misma, la gente puede pensar que le resulta más rentable darle una bofetada a un policía que la resistencia pasiva. Los sucesos más graves merecen un mayor reproche", sentencia.

El Gobierno, sin embargo, lo tiene claro. "Hay que robustecer la autoridad legítima de quien legitimamente tiene la exclusividad del uso de la fuerza", advirtió el ministro de Interior al plantear las reformas.

Sólo la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura se muestra indulgente con este planteamiento. A juicio de su portavoz, Pablo Llarena, las reformas se justifican por el "fenómeno de amplificación de la violencia" que se ha vivido en los últimos meses en las calles españolas. "La reforma es sólo una respuesta a la violencia en las manifestaciones, para atajar la acción de grupos que acuden a estas concentraciones con fines violentos y de forma organizada y estructurada", asegura Llarena. "Hay que acabar con unos destrozos que perjudican la imagen de España y, por tanto, la estabilidad financiera del país".

Frente a Llarena -que parece coincidir con el Gobierno en identificar manifestaciones y violencia-, el representante de Jueces para la Democracia considera que ese binomio es simplemente "una justificación". "Lo normal es que los ciudadanos se manifiesten en las calles", señala José Luis Ramírez. "Eso es normalidad democrática, pero aquí se quiere convertir en algo anormal. Se está criminalizando el derecho a salir a la calle".

En la misma línea, González Armengol recuerda que el derecho de reunión "es un derecho consagrado en nuestra legislación" e insiste en que ya existen mecanismos suficientes para combatir la violencia. "Hay que tener cuidado con los anuncios porque esas normas inciden en derechos fundamentales que deben ser respetados por los poderes públicos y, claro, por los jueces".

Armengol abre así la puerta a que la reforma anunciada por Fernández Díaz -y que cuenta con el apoyo de la consejera de Justicia madrileña, Regina Plañiol- acabe en el Tribunal Constitucional. "Depende de cómo se redacte, pero tal como se ha planteado en los anuncios serían unas modificaciones inconstitucionales", advierte el juez decano de Madrid. "Son reformas que, si se plasman, serían inconstitucionales", coincide el portavoz de Jueces para la Democracia.

Para la Asociación Profesional de la Magistratura, sin embargo, "todas las medidas que tienden a acabar con un delito tienen encaje en la Constitución Española". Eso incluye la resistencia pasiva. "Eso es consecuencia de que con esa resistencia pasiva se han ocupado espacios públicos de forma permanente, causando un grave perjuicio para los ciudadanos", subraya el portavoz de esta asociación.

Eso sí, el propio Llarena también duda de que se puedan equiparar estas conductas con el delito de atentado. "No pueden tener la misma respuesta penal". Llarena, incluso, admite que muchas de las conductas que el Ejecutivo ha puesto en su punto de mira están ya contempladas en el ordenamiento jurídico. "Pero eso no quiere decir que el Código Penal deba permanecer petrificado", matiza. "Hay situaciones en las que se puede adelantar la respuesta penal a una acción delictiva".

En el fondo de este debate judicial está el concepto de orden público. Un concepto que la Comunidad de Madrid dejó claro el año pasado, durante la acampada del 15-M, y que fue respaldado por la Delegación del Gobierno en su intento de limitar las concentraciones y manifestaciones que rodearon al 29-M. Entonces, la Delegación advirtió de que las concentraciones podían alterar "el desarrollo de las actividades comerciales y de la vida diaria de la ciudad".

"El concepto de orden público que se usa desde el Gobierno no coincide con lo que dice la Constitución",
difiere el portavoz de Jueces para la Democracia. "El orden público no es poder ir a comprar, sino que la policía debe velar porque los ciudadanos puedan ejercer sus derechos".
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