Valdemoro propone ajustes de las condiciones laborales de sus funcionarios

El alcalde, José Carlos Boza, ha convocado en la tarde de este jueves a los representantes sindicales de los trabajadores (CSI-CSIF, UGT, CCOO y CPPM) para presentarles las medidas que el ejecutivo local va a adoptar con el fin de evitar el despido de ningún trabajador municipal.

El primer edil ha recordado que el equipo de gobierno sigue trabajando para ajustar los presupuestos y los servicios que presta el Consistorio a la difícil situación económica en la que se encuentran las administraciones locales.

En cuanto a la reunión que se ha convocado con los sindicatos, Boza ha avanzado que se trata de "poner en común un paquete de medidas que nos van a permitir garantizar la viabilidad financiera del Ayuntamiento sin recurrir al despido de trabajadores".

"Son medidas que modifican las condiciones laborales de la plantilla municipal y por eso, tal y como me comprometí en su día, antes de incluirlas en presupuestos queremos ponerlas en común con sus legítimos representantes", ha matizado el regidor.

La propuesta que ha elaborado el gobierno municipal plantea tres bloques de medidas que suponen una modificación de las condiciones que venía disfrutando la plantilla municipal, tanto funcionarios como laborales, desde el año 2004.

En este sentido, también contempla "la supresión o variación de determinado tipo de ventajas que no son de obligado cumplimiento por parte de la empresa", han señalado fuentes municipales.

Medidas sobre el fondo de acción social
Las mismas fuentes han explicado que dichas modificaciones afectan, fundamentalmente, al fondo de acción social que comprende las ayudas que percibían los empleados municipales para estudios, compra de gafas, prótesis dentales o seguros médicos privados, así como planes de pensiones, premios y regalos por antigüedad y otros conceptos.

Aunque el ejecutivo local no ha planteado una rebaja en las nóminas con carácter general, se ha propuesto dejar de abonar el complemento por incapacidad temporal, que permite que los trabajadores perciban el salario íntegro aún estando de baja por enfermedad. Uno de los objetivos de esta última medida es que contribuya también a reducir el elevado absentismo laboral.

Por último, se ha contemplado la posibilidad de modificar la jornada laboral que pasará de 35 horas semanales a 37,5 (30 minutos más al día), adaptándose a la jornada legalmente establecida para todos los trabajadores de la Administración General del Estado.

José Carlos Boza ha señalado que "en la actual situación económica es imposible mantener las ventajas que surgieron en épocas de bonanza" y ha subrayado que "el esfuerzo no sólo se lo estamos pidiendo a los trabajadores, ya que antes de dar este paso hemos tomado otras medidas de ajuste. Seguiremos trabajando para aplicar políticas de austeridad basadas en el sentido común y eso siempre pasa por mantener la plantilla actual"