Están cansados. Hastiados. Las concentraciones, ocupaciones, desalojos y nuevas ocupaciones de las calles madrileñas han situado los focos sobre las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional (UIP) y les han colocado en el centro de un debate que no les gusta. Y están hartos. Ahora, ellos también están indignados.
Su trabajo no es agradable. Su misión es mantener el orden -o eso que solemos llamar orden- en las grandes concentraciones que reúnen a miles de personas. Y eso no es fácil. Y, desde luego, no es agradecido.

Las UIP -conocidas como antidisturbios- aspiran a pasar desapercibidas en esta misión. Tienen vocación de ser invisibles, pero la línea que separa la invisibilidad del protagonismo más absoluto es muy fina, y las violentas actuaciones de algunos de sus miembros les han colocado a todos al otro lado de esa frontera. "A nosotros no nos pagan para pegar a la gente", defiende Javier, nombre ficticio de uno de los cerca de 600 agentes que integran este cuerpo en Madrid.
Pero las escenas registradas en los últimos meses en las calles de Madrid -como la agresión a una joven y a un fotógrafo- les han hecho mucho daño. "El compañero soltó la mano y eso fue un error, pero cuando ves que están sacando esas imágenes constantemente no puedes evitar pensar que están menospreciando nuestro trabajo -prosigue Javier-. Todo el mundo comete errores. A un albañil se le cae un ladrillo y eso también es un error. Hay que verse en cada situación, porque es impredecible saber cómo vas a reaccionar".
Y eso que a ellos se les presupone una mayor sangre fría ante ese tipo de situaciones, pero no siempre es así. Con jornadas que se prolongan hasta 20 horas diarias, resulta más difícil templar los nervios. "La gente piensa que estamos ahí para aguantar lo que nos echen -denuncia-, pero a mí me pagan para mantener el orden público, no para aguantar que me insulten, que me escupan o que me meen en las botas".

En esta ocasión, los agentes de las UIP responsabilizan directamente a la Delegación de Gobierno de los excesos, tanto de los suyos propios como de los cometidos por algunos manifestantes vinculados al 15-M. "Al final siempre somos los malos. Siempre actuamos tarde porque se tarda demasiado en tomar las decisiones", lamenta Javier. "Si algunas cosas se hubieran atajado a tiempo, no se hubiesen visto esas imágenes", añade Francisco, nombre también ficticio de otro de sus compañeros en la UIP.
Las jornadas más tensas se vivieron a principios de agosto, coincidiendo con el desalojo definitivo de la Puerta del Sol. "El día dos de agosto entramos a trabajar a las seis de la madrugada y salimos a las dos de la madrugada del día siguiente", recuerda Javier. En esos días, Francisco confiesa haber estado con las botas puestas "hasta 21 horas y media". Y fue precisamente en esos días cuando se produjeron los enfrentamientos más violentos, como cuando los antidisturbios cargaron contra los manifestantes que se habían concentrado ante la sede del ministerio de Interior.
El profundo malestar de esta unidad quedó reflejado en una tensa asamblea celebrada hace unos días en el complejo policial de Moratalaz. A la reunión, convocada por los sindicatos policiales UFP, CEP y FPP, asistió más de la mitad de la plantilla de los antidisturbios de Madrid. "Los compañeros han tenido que sufrir jornadas maratonianas de más de 20 horas, han aguantado insultos y menosprecios y, además, han tenido que ver cómo les impedían intervenir y, por tanto, cómo se incumplían las leyes", denuncian desde la Unión Federal de Policías.
Y es que los antid

isturbios sienten que están pagando una crisis -el pulso de los indignados con las autoridades- que les ha colocado en el ojo del huracán sin saber cómo. "A nosotros nos marcan bien las instrucciones de cada evento -explica Javier-, y todo lo que se salga de ahí es ilegal".
Pero en las manifestaciones del 15-M, los agentes han visto cómo se difuminaba poco a poco la línea que separaba lo permitido de lo prohibido. "Estuvimos también cuando se manifestaron los usuarios del centro ocupacional Magerit, en su mayoría gente mayor y discapacitados. Ellos intentaron cortar la calle, pero no les dejamos porque era ilegal y nos dieron instrucciones de evitarlo... Ahora, después del 15-M, ¿con qué autoridad le vamos a decir a alguien en otra manifestación que no puede cortar la calle?".
Y es que, para ellos, esa misión es más importante que las razones por las que protestan quienes tienen enfrente. Aunque puedan comprenderlas. O, incluso, compartirlas. "Yo estoy de acuerdo con algunas de las reivindicaciones del 15-M -confiesa Javier-, pero la forma de actuar no es la correcta". "Yo no tengo nada contra ellos -prosigue Francisco-, aunque es difícil olvidar que lo que hacen está afectando a tu vida privada".
La factura por esto

s meses de intenso trabajo, sin embargo, no se queda ahí. Los agentes han pagado muy caras estas largas jornadas de trabajo jugando al gato y al ratón con los indignados. Literalmente. En algunos casos, los agentes han tenido que poner de su bolsillo hasta 400 o 500 euros por las comidas y cenas de esos días. Es el caso de Francisco, que tuvo que adelantar hasta 250 euros, y de su compañero Javier, que se gastó 300 euros. La mayor parte de esas deudas -hasta el mes de agosto- ya están pagadas, pero estos retrasos han sido una de las muchas gotas que han acabado por colmar la paciencia de los agentes.
Otra ha sido la respuesta de las autoridades ante los excesos. En concreto, los responsables del sindicato UFP denuncian que dos de los tres antidisturbios expedientados por los incidentes del 18 de agosto en la calle Atocha "ni siquiera estaban allí". "Han expedientado a una compañera, y en las imágenes se ve que allí no había ninguna policía -subrayan desde el sindicato policial-. Querían cabezas, y cabezas ha habido".
El futuro, además, no se presenta mucho mejor. Inmersos ya en plena campaña, el pulso entre el 15-M, la Junta Electoral y la Delegación del Gobierno sigue en pie. "Se avecinan problemas otra vez -advierte Francisco-. Ellos ahora sienten que están por encima de la ley, y eso no es bueno para nadie".
Y la situ

ación podría empeorar si los antidisturbios decidiesen llevar a cabo alguna medida de presión. Eso sí, al menos de momento, ir a la huelga es algo que ni siquiera se les pasa por la cabeza. "Podemos quejarnos, pero no podemos protestar -señala Javier-. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de actuar cuando haya una manifestación?". "Ante todo somos profesionales -añade Francisco-, y una huelga dañaría al ciudadano. Sabremos afrontar el problema, pero nuestros jefes ya saben que hay malestar dentro de la unidad".