Más temporalidad contra el paro juvenil

"Preferimos un contrato temporal a un desempleado". Estas son las palabras del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, que con la suspensión durante dos años el actual límite para encadenar contratos temporales ha deshecho este viernes una medida aprobada en 2006. El Gobierno ha defendido la norma al considerarla más apropiada "en este momento" para fomentar "el mantenimiento del empleo, en lugar de la no contratación".

Por otra parte, entre las otras medidas contenidas en el Real Decreto Ley aprobado, destaca la creación de un contrato dual para el aprendizaje y la formación que pretende mejorar las oportunidades de empleo y formación de los jóvenes en situación de desempleo. Según ha informado el Gobierno, esta nueva fórmula "tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa, con actividad formativa en el marco del sistema de formación profesional o del sistema educativo".

La iniciativa, inspirada en el sistema alemán de formación dual, afectará a jóvenes sin cualificación de entre 16 y 25 años, que tendrán una jornada repartida entre el centro de trabajo (75 por ciento del tiempo) y la formación (25 por ciento) de uno a dos años. De forma transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2013, el horizonte se amplía hasta jóvenes menores de 30 años. Las empresas de menos de 250 trabajadores tendrán una reducción absoluta de las cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato, y habrá bonificaciones si se aborda el desempleo femenino.

Prórroga de los 400 euros
Por otra parte, el Gobierno ha decidido prorrogar durante seis meses más el programa PREPARA que pretende, a través de una políticas de búsqueda activa de empleo, recualificar profesionalmente al desempleado. De esta manera, las personas sujetas a este programa, podrán percibir la ayuda de 400 euros durante un máximo de seis meses. Hasta el momento, cerca de 128.000 personas se han beneficiado de este programa.

El Real Decreto también incluye la prórroga hasta finales de 2013 del resarcimiento, por parte del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), del pago de ocho días de salario por despido objetivo, aunque, a partir del 1 de enero de 2012, será únicamente de aplicación en los despidos procedentes. De esta forma, el Gobierno busca reforzar la causalidad del despido y se inicia un proceso de convergencia de los costes de la extinción de contratos temporales e indefinidos.

Por último, dentro del proceso de austeridad y racionalización de la Administración, el Gobierno ha aprobado un mandato para que, en un plazo de seis meses, se proceda a la integración en un único organismo del Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial.