El Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Confederación Española de Policía (CEP) han asegurado este jueves que se están produciendo amenazas de muerte e intentos de identificar y localizar los domicilios de agentes antidisturbios que intervinieron en las protestas laicas contra la Jornada Mundial de la Juventud.
En un comunicado, los dos sindicatos hablan de "caza al policía", denuncian las presiones que está sufriendo el colectivo de antidisturbios y afirman que "la actuación de los funcionarios se ajustó en todo momento a lo que se esperaba". Además, anuncian que ya han adoptado medidas legales contra los ataques que están recibiendo los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) a través de las redes sociales, en las que se muestran distintas fotografías de uno de los policías que golpeó a una joven y a un fotógrafo el pasado día 18.
El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ordenó este miércoles
incoar expediente disciplinario por falta grave por haberse extralimitado en sus funciones a tres de los agentes que participaron en esos hechos, que se exponen a una sanción de entre cinco días y tres meses de suspensión de funciones.
La CEP y el SPP acusan a la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, de ser la "máxima responsable del desorden público" por autorizar la marcha laica por una ruta desaconsejada en los informes de los responsables policiales. Los dos sindicatos instan también al ministro del Interior, Antonio Camacho, a que asuma su responsabilidad por "negar su apoyo" al Cuerpo Nacional de la Policía (CNP) y por no haber comparecido en su debido momento para aclarar los hechos.
Estos sindicatos han hecho un llamamiento a los grupos políticos madrileños para que pidan la comparecencia de la delegada del Gobierno para explicar su "caótica y lamentable gestión". Por su parte, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha exigido este jueves que el Ministerio del Interior dé explicaciones en el Congreso de los Diputados acerca de lo ocurrido con determinadas cargas policiales y decisiones de la autoridad que se produjeron con las marchas laicas de Madrid.
Asimimo, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha pedido que se tomen "medidas concretas" contra los agentes que se extralimitaron en la carga contra los manifestantes participantes en la marcha laica, al tiempo que ha denunciado que el Gobierno debería haber garantizado mejor su derecho a manifestación. Lara también ha aseverado que "quienes dan las instrucciones y quienes dirigen los cuerpos de policía" deben de tener "instrucciones severas" de trabajar por garantizar una "policía democrática" que esté "al servicio de los ciudadanos".
Gómez apoya a Carrión
El secretario general de los socialistas madrileños y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha salido este jueves en defensa de la delegada del Gobierno al manifestar que "las instrucciones de la Delegación del Gobierno (en la marcha laica del miércoles) no eran que la Policía se extralimitase sino todo lo contrario". En una entrevista con Punto Radio, Gómez ha reconocido que "la actuación policial" de ese día y los siguientes "tiene que ser objeto de una revisión y una investigación para esclarecer" si hay agentes que se "extralimitaron" y se ha mostrado a favor de las "sanciones pertinentes si así lo dirime la investigación" abierta por el Ministerio del Interior.
Por contra, el portavoz de Interior del PP en el Senado, Luis Peral, asegura que el Gobierno y su delegada en la Comunidad de Madrid tienen "parte de responsabilidad" en estos altercados, ya que "se dejaron presionar" por los organizadores de la manifestación y, a pesar de los informes de la Policía y del Ayuntamiento, permitieron su paso por Sol.
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