Piden el cumplimiento de la sentencia de la M-501

El pasado 12 de junio se cumplió el plazo legal para que la Comunidad de Madrid cumpliera con la sentencia firme emitida por el Tribunal Supremo sobre el desdoblamiento de la carretera M-501. Ecologistas en Acción  denuncia la ocultación de información esencial para formalizar la denuncia penal contra los responsables de la aprobación del proyecto.

En febrero de 2011, el Tribunal Supremo desestimaba el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la sentencia, de febrero de 2008, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba el proyecto de desdoblamiento de la carretera M-501. Por tanto, declaraba firme la nulidad de los actos que llevaron a transformar en autovía la carretera M-501 entre los kilómetros 21,8 (Quijorna) y 39,5 (Navas del Rey).

Posteriormente, mediante oficio de fecha 12 de abril de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid remitió testimonio de la sentencia a la Comunidad de Madrid para su ejecución. El plazo voluntario de ejecución de la misma era de dos meses. Transcurrido dicho plazo sin que la Comunidad de Madrid haya tomado ninguna medida, Ecologistas en Acción, ha solicitado la ejecución de la sentencia en los términos en los que se recoge la misma.

Igualmente esta organización ha solicitado que la Comunidad de Madrid abone las costas del procedimiento, algo que tampoco se ha cumplido, según la organización, a pesar de que la sentencia firme del Tribunal Supremo así lo impone. "Esto quiere decir que será el erario público, con el dinero de los impuestos de los ciudadanos, el que pague las consecuencias del incumplimiento constante de la legalidad ambiental por parte del gobierno de Esperanza Aguirre", han comunicado.

Ecologistas en Acción recuerda que fue Mª Dolores de Cospedal, actual Presidenta de Castilla-La Mancha, quien aprobó el proyecto, siendo Consejera de Transportes y Obras Públicas. Por otra parte José Ignacio Echeverría, actual Presidente de la Asamblea de Madrid, se ha negado a facilitar la documentación que dijo tener, siendo Consejero de Transportes e Infraestructuras, y por la cual la denuncia penal de Ecologistas en Acción carecía de sentido. Esta documentación, relativa a posibles acuerdos alcanzados entre la Comunidad de Madrid y la Comisión Europea, "resulta esencial para valorar las posibles responsabilidades penales de quienes intervinieron en la aprobación del proyecto", matiza la organización ecologista. Ecologistas añade que en el caso de que tal documentación no exista supondría que la Comunidad de Madrid podría haber aportado información falsa al Tribunal Supremo que tramitaba el procedimiento contencioso-administrativo con la finalidad de volcar a su favor el fallo de la sentencia firme.