La economía sumergida nos perjudica a todos

Como se puso de manifiesto en el II Congreso Mundial de la CSI (Confederación Sindical Internacional), existe una profunda inquietud y preocupación por la creciente tendencia a estas formas atípicas, irregulares y no protegidas de empleo.

Asimismo el Congreso mostró su satisfacción con el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT como alternativa para salir de la crisis en el objetivo de trabajar por un nuevo modelo económico que tenga el trabajo decente como centralidad y en el horizonte el progreso social.

Desde que comenzó la crisis en nuestro país, el crecimiento de la economía sumergida ha aumentado de manera preocupante, produciendo beneficios y riqueza a aquellos empresarios que ejercen estas prácticas indecentes.

Para los trabajadores tiene unas consecuencias muy negativas que suponen inestabilidad, precariedad en las condiciones laborales, bajos salarios, jornadas irregulares y cambiantes a discreción del empresario, mayor inseguridad y riesgos para la salud, desigualdad y discriminación con respecto a la plantilla regular, imposibilidad de acreditar la experiencia y un futuro incierto.

También perjudica a los empleadores y a las empresas que, en el contexto global, multinacional, regional y local, les resta competitividad y pone en peligro su propio proyecto empresarial por lo que deberían despreciar y denunciar esta forma de realizar de manera desleal una actividad económica.

El Estado –eso que somos todos y es de todos, pero al que no se cuida y se respeta poco o nada- según estimaciones deja de ingresar en torno a 30.000 millones de euros anuales, lo que supone entre el 5,4 por ciento y el 5,6 por ciento del PIB.

Por el perjuicio y la gravedad que supone la economía sumergida su erradicación debería ser prioridad para las distintas administraciones públicas en consonancia con los planteamientos de la Estrategia Europea de Empleo dirigidas a erradicar el trabajo no declarado, pero tienen poco alcance, y por eso parecía una buena oportunidad en este sentido el Plan que estos días avanzaba el Gobierno.

Un Plan para hacer aflorar la economía sumergida y el trabajo irregular que desde el análisis sindical lo miramos con cierta decepción y preocupación ante la posibilidad de que se convierta en una “amnistía fiscal” para las empresas fraudulentas.

Nuestra posición es que se tengan en cuenta las aportaciones realizadas por las organizaciones sindicales para evitar las contrataciones temporales y para que el reconocimiento de los derechos de estos “nuevos” trabajadores tenga la máxima prioridad.

Por todo ello podemos concluir que la economía sumergida no beneficia a nadie, es una lacra para el desarrollo de los países y atenta contra la dignidad de los trabajadores y trabajadoras.

Isabel Navarro Cendón
Secretaria de análisis y estrategias de UGT-Madrid