Un proyecto real para otra Cañada Real

Pablo Galán (abogado) y Diego Peris (arquitecto), miembros del colectivo Todo por la Praxis, presentaron este jueves en el centro social La Tabacalera la alternativa a los planes oficialistas para acabar con una situación de ilegalidad y marginalidad que dura más de 40 años. Una solución realizada a propuesta de los habitantes en el sector IV (Rivas Vaciamadrid) de la antigua vía pecuaria y que goza, a priori de la simpatía del resto de afectados.

La clave de esta solución pasa por el llamado 'derecho de superficie'. Como detallaron los autores, este supone que los ayuntamientos implicados permanecerían como propietarios del suelo, pero cederían su uso a los vecinos mediante escritura pública durante un número determinado de años. Ello implicaría el acuerdo de todas las administraciones públicas para realizar un censo y establecer quién quiere quedarse y quién prefiere ser realojado por los Servicios Sociales. Los equipamientos (colegios, centros de salud, centros sociales, servicios municipales) se levantarían en los huecos que dejasen las viviendas en desuso, superando así las servidumbres que, según el Ayuntamiento de Madrid, hacen "imposible" urbanizar a lo largo de estos 14 kilómetros de terreno.

Hecho esto, el tramo central de la Cañada Real se convertiría en una vía de circulación de tráfico lento para peatones y bicis, mientras que el tráfico rápido pasaría por una vía trasera paralela que conectaría esta nueva urbanización con la M-50, la M-203, Madrid capital, Rivas y Coslada. Mediante operaciones de urbanización "sencillas y convencionales" se lograría la cohesión estética de la zona, se reagruparían núcleos de viviendas (se propone incluso una tipología concreta y la limitación de alturas) y se crearían espacios públicos de encuentro y zonas verdes. Lo mejor de todo, aseguraron, es que todo esto ya puede hacerse con las leyes del suelo actuales en vigor.

Una apuesta rigurosa
El denominado 'Plan Cañada' no es, como insistieron sus autores, fruto de la improvisación. "Llevamos más de dos años trabajando. El sector IV es el ejemplo y la propuesta es un punto de arranque que nos ha costado mucho esfuerzo, pero esperamos que todo el mundo contribuya y se lo apropie para llegar a una solución", argumentó Diego Peris. Su propuesta, continuó Pablo Galán, supone una salida más sostenible que el desmantelamiento o el desalojo de sus hasta 40.000 habitantes, 15.000 de ellos en el término municipal de Madrid. "Derribar las 400 viviendas actuales del sector IV, realizar las nuevas edificaciones para 1.100 personas, urbanizar y recuperar el tramo de cañada real costaría aproximadamente 66'7 millones de euros, según nuestros cálculos. Urbanizarlo y rehabilitar las viviendas costaría la mitad", subrayó Peris.

Lidia Resani (representante de los vecinos del sector IV), Vanessa Valenzuela y Carmen Cordero (sectores I, II y III) y Ángel García (sector V), asistieron a la presentación del plan. Todos le dieron su visto bueno inicial y anunciaron que lo presentarán a la mayor brevedad posible a la Comunidad y los ayuntamientos. "Cuando nos reunimos con Esperanza Aguirre nos pidió que le presentásemos un plan. Pues aquí está. Hemos hecho su trabajo y se lo vamos a dar solucionado. Esperemos que, ahora que estamos en elecciones, nos atiendan", declaró Resani. “Lo primero que pondremos sobre la mesa será que acaben los derribos”, advirtió Valenzuela.

Sin embargo, los vecinos tienen varios obstáculos por delante. Uno de ellos es que el tiempo corre en contra. La ley que desafectó la Cañada para que dejase de ser terreno protegido entró en vigor hace un mes. A Madrid, Coslada y Rivas les quedan cinco meses para elaborar el censo de habitantes y sentarse a dialogar en una comisión conjunta que incluya a los residentes  y en la que se acuerden los mecanismos de actuación social. En dos años, la Comunidad podrá operar con los terrenos haya acuerdo o no. El alcalde de Rivas, José Masa (IU), se niega por otra parte a hablar con las asociaciones, ya que no reconoce su representatividad. La Delegación de Gobierno, hoy ya con nueva responsable, observa con preocupación las situaciones de delincuencia y tráfico de drogas que se dan en algunos lugares.

En este punto, las administraciones se niegan a reconocer derechos a personas que han aprovechado su pasividad para levantar auténticos chalets o crear negocios ilícitos a lo largo del antiguo corredor verde. El sector VI, por su parte, tiene todas las papeletas para ser desmantelado debido a su proximidad con el vertedero y la planta de tratamiento de residuos de Valdemingómez. Ecologistas en Acción rechaza cualquier solución que no contemple la restitución de la antigua vía trashumante.

Para los autores del 'Plan Cañada', acabar con la emergencia social que supone la Cañada Real es sólo cuestión de voluntad política. "Han demostrado que, cuando quieren, pueden. El Ayuntamiento de Madrid ha gastado 4.100 millones de euros en soterrar la M-40 y hacer algo muy bonito como Madrid Río", criticó el arquitecto Diego Peris. Pablo Galán añadió que, pese a que Ecologistas en Acción insiste en acabar con las "apropiaciones ilegales" de suelo, han sido las propias administraciones públicas las que han provocado esta situación y han dejado que el problema social se enquiste, haciendo que la Cañada haya dejado de ser lo que era. "Hablamos de la situación de personas. Lo que es un mal precedente no es cederles el uso de suelo público, sino que lleven ahí desde hace 30 años", zanjó. La falta de actuación de las administraciones públicas ya motivó el reproche del Defensor del Pueblo en 2009.