El Juzgado de Instrucción número 1 de Alcorcón ha acordado el sobreseimiento provisional y posterior archivo del llamado caso 'Rayo 3', iniciado tras una querella interpuesta por el portavoz 'popular', Fernando Díaz, por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de contratos a una empresa vinculada con el PSOE local.
El regidor alcorconero, Enrique Cascallana, ha exigido a los 'populares' una rectificación pública y ha denunciado la campaña de "persecución inquisitoria, calumnias y difamación" iniciada en noviembre de 2009 a raíz de una información aparecida en un medio de comunicación de la que se hizo eco el PP local y que les llevó a presentar una querella el día 10 de mayo de 2010 contra Javier Olleros, director de Cultura del Consistorio; Natalia de Andrés, portavoz municipal; y Manuel Lumbreras, concejal de Hacienda, por presunta "prevaricación y tráfico de influencias" en 140 contratos fraccionados a favor de la empresa 'Rayo 3', administrada por la entonces vocal del PSOE local Rosa Cano.
Asimismo, el alcalde alcorconero, que no descarta emprender acciones legales contra el PP, ha recordado que el Consistorio recibió acusaciones en su día por parte de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y del
candidato del PP a la Alcaldía, David Pérez, por lo que ha pedido "rectificaciones" ante lo que ha definido como un hecho "sumamente grave", propio "de una dictadura y no de una democracia". En ese sentido, ha asegurado: "Voy a esperar la reacción, pero no descarto nada", para añadir que si el PP no se disculpa "quedará demostrado que este país no se merece que haya políticos de esta calaña".
"El único delito de Rosa Cano y de Javier Olleros es ser socialistas, por eso hablo de inquisición", ha añadido el primer edil, quien se ha preguntado si el hecho de "acusar sin pruebas ni indicios" no es "un delito".
El Juzgado de Instrucción número 1 de Alcorcón acordó el 17 de febrero el sobreseimiento provisional y posterior archivo de la causa de la querella presentada por Fernando Díaz, por entender que "no resultan indicios de los delitos de prevaricación" denunciados por el portavoz popular ni existen a su vez "indicios de la existencia de un delito continuado de tráfico de influencias". En la notificación, el titular del Juzgado informa de la resolución sobre las diligencias previas y acuerda "el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones al no existir indicios de la comisión de los delitos objeto de querella".
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