El ex portavoz de USCA dice que "se podía haber seguido volando"

Cabo se ha acercado a la Audiencia madrileña en apoyo a los doce controladores que estaban citados a declarar en calidad de denunciados por un delito de sedición por los incidentes de los días 3 y 4 de diciembre. El controlador aéreo ha hablado a título particular, puesto que el actual estado de militarización del colectivo les impide ejercer cualquier acción sindical.

Ante casi un centenar de medios informativos, Cabo ha recalcado que sus compañeros han acudido a la llamada de la Fiscalía para asumir la responsabilidad que comparten en lo ocurrido. Ha señalado que "hay corresponsabilidad" que asumen por su parte, pero ha manifestado que "AENA y el Ministerio tendrán que asumir por la suya".

Los doce compañeros de Cabo se han acogido a su derecho a no declarar, puesto que entienden que la competencia corresponde a la jurisdicción militar con motivo del estado de alarma decretado el pasado sábado y la militarización del espacio aéreo ordenada por el Gobierno, según aseguró el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón.

En una multitudinaria rueda de prensa, en la que estaban presentes más de medio centenar de periodistas, Esteban ha insistido en que si siguen la misma línea de no prestar declaración se dejará de citar a los próximos controladores para "evitar dilaciones" y se pedirá que se traslade la denuncia a un juzgado ordinario.

Por su parte, el ex portavoz de los controladores ha insistido a los medios en que "la empresa fue la que cerró el espacio aéreo y los aviones no salieron". "El clima de agitación impedía a muchos trabajadores desempeñar su trabajo, pero había controladores para que los aviones hubieran podido seguir volando. No en las mismas condiciones, pero se podía haber seguido volando", ha sentenciado.

A su juicio, AENA "tomó esa decisión" de cerrar el espacio aéreo, por lo que, a su entender, "tendrá que explicar" por qué lo acordó así, del mismo modo que ha pedido que el Ministerio de Fomento explique por qué "lleva más de un año maltratando al colectivo y utilizando demagogias, diciendo que quiere negociar por delante y por detrás lo que únicamente hace es dictar decreto tras decreto".

"Una ley y cuatro decretos"
"Llevamos una Ley y cuatro decretos. Se ha provocado al colectivo y se podría haber evitado", ha subrayado Cabo, quien ha criticado que el pasado viernes se sacara un Real Decreto "en el que se discrimina a los trabajadores". "Una persona hospitalizada de baja por un cáncer tiene que devolver esos días a la empresa igual que tiene que hacer una madre que ha dado a luz", ha apuntado.

Por otro lado, otro de los portavoces de los controladores Daniel Zamit, ha manifestado que el sindicato USCA ha presentado a las 9 horas dos recursos ante la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el decreto del estado de alarma y la decisión de militarizar el aeropuerto. En concreto, los recursos impugnan el Real Decreto de 3 de diciembre dictado por el Ministerio de Presidencia para ordenar la militarización del espacio aéreo, así contra el Real Decreto de 4 de diciembre que estableció el estado de alarma por primera vez en la Democracia española. "Se nos plantean serias dudas tanto del procedimiento que se ha utilizado como los cuerpos ilegales con los que se ha apoyado el Gobierno", ha dicho.

"Vista la situación de militarización, al estar imposibilitada cualquier acción sindical, se ha planteado al Supremo que requiera de la Junta Directiva de USCA la prueba legal necesaria de poder afirmar que la decisión de recurrir se ha tomado", ha puntualizado. "El Supremo debe requerir que se ha tomado la decisión de recurrir y este debe dar traslado a las autoridades competentes en ese caso", ha concluido Zamit.

Reuniones en el hotel
El fiscal Esteban ha especificado que son 175 los controladores que se ausentaron de sus puestos de trabajo en Madrid, indicando que los primeros que han sido llamados a declarar son los que tenían constancia de que estuvieron reunidos en un hotel de Torrejón de Ardoz en el momento de los incidentes.

"Se los ha citado para tener la posibilidad de explicar la situación, pero no han querido", ha subrayado Esteban, quien ha adelantado que previsiblemente se remitirá la denuncia a los Juzgados para que proceda a la investigación y se les cite a declarar ante un juez. Por ahora, la Fiscalía no tiene constancia de la interposición de ninguna denuncia ante los juzgados, si bien el sindicato Manos Limpias presentó el pasado domingo una querella por estos hechos.

Asimismo, ha señalado que el fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido ha dado instrucciones para que las Fiscalías sigan una misma línea de actuación en su investigación y ha declarado que podría enfrentarse hasta a ocho años de prisión, pero que no se ha solicitado al no ser el momento procesal para ello. "No se puede sugerir una pena porque no se ha iniciado el procedimiento", ha insistido.

Sedición militar
Este delito viene recogido en el artículo 91 del citado Código en el que se establece "los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, rehusaren obedecer las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de uno a diez años de prisión, cuando se trate de los meros ejecutores, y con la de dos a quince cuando se trate de los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedición y, en todos los casos, si se trata de oficiales o de suboficiales".

"Si los hechos tuvieren lugar en situación de peligro para la seguridad del buque o aeronave, frente a rebeldes o sediciosos, acudiendo a las armas o agrediendo a superior, las penas serán de diez a veinte años de prisión Para los meros ejecutores y de diez a veinticinco para los promotores, el cabecilla y, en todos los casos, para los oficiales y suboficiales", añade el precepto.

"Si le causare la muerte o lesiones al menos graves a un superior, se impondrá la pena de quince a veinticinco años de prisión a los promotores y demás responsables aludidos en el párrafo anterior, y de diez a veinticinco años a los meros ejecutores", agrega.