La Comunidad no frenará la subasta de las viviendas de la EMVS

La consejera Ana Isabel Mariño recalcó que su departamento no pondrá pegas a la subasta, que se llevó a cabo el pasado mes de septiembre, ya que los inquilinos de estas viviendas de alquiler no tienen en sus contratos la cláusula de opción de compra. Los vecinos, presentes en la Cámara, denunciaron que la EMVS se comprometió en su día a permitirles adquirir las casas en las que hoy vivían con un alquiler reducido, pero el Ayuntamiento decidió cambiar el modelo de gestión y adjudicó las viviendas a una constructora.

Los afectados acudieron a la Asamblea después de varias protestas y manifestaciones en un último intento de solicitar amparo a la Consejería. El Ayuntamiento, en realidad, no podía proceder a la subasta de las promociones de Carabanchel 2, Pavones-Eba 26, Sanchinarro X y Vallecas 6 sin obtener el permiso de la autoridad regional. Pero, como denunció el socialista Antonio Fernández Gordillo, la operación se realizó sin que la Comunidad se hubiese pronunciado y aún cuando algunos de los contratos sí incluían la posibilidad de vender los pisos tras un periodo de arrendamiento y a precio protegido, extendiendo además la protección a 25 años. "Puede dar cobertura a la dudosa forma de actuar del Ayuntamiento o ponerse del lado de los derechos de los vecinos para evitar la especulación en la Comunidad", reclamó Gordillo sin éxito.

Pasan al parque de alquiler
El Ayuntamiento argumenta que, a partir de ahora y con la subasta de estas y otras promociones, creará un auténtico parque de viviendas en alquiler para fomentar la emancipación de los jóvenes y atender a los colectivos con menos recursos. Los pisos se otorgarán por un período de cinco años pasados los cuales se procederá a revisar si la situación persiste o si, en caso de haber mejorado, el inquilino debe abandonar la vivienda en favor de otro más necesitado. El PSOE advierte que la gran mayoría de las familias que hoy residen en estas promociones no tendrían forma de acceder a una hipoteca.

Para el concejal Daniel Viondi, que este jueves acompañó a los representantes de los afectados, el Ayuntamiento no hace sino "especular" e intentar recaudar dinero (la adjudicataria de las promociones reportó 63 millones de euros a las arcas municipales por quedarse con las viviendas) para compensar "el despilfarro de Gallardón" en obras mayores. El Consistorio recalca que la adjudicataria (Lazora) se ha comprometido a mantener las viviendas en alquiler hasta 2020. Después, eso sí, podrá venderlas incluso a los propietarios actuales pero a precio de mercado si lo desea.