Las oficinas municipales de Madrid cerrarán a las 17.00 horas a partir del día 16
Por MDO/E.P.
lunes 13 de septiembre de 2010, 00:00h
Actualizado: 14/09/2010 13:05h
La mayoría de las dependencias municipales de Madrid adelantarán su hora de cierre hasta las 17.00 horas a partir del próximo 16 de septiembre. El objetivo es ahorrar hasta 26 millones de euros, según los primeros cálculos del Ayuntamiento de la capital, a los que habría que sumar los ahorros energéticos por un menor consumo y los beneficios en materia de conciliación de la vida personal y laboral de los empleados públicos.
Este "nuevo sistema de trabajo y productividad" afectará a todas las dependencias administrativas del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, con excepción de las que atienden al público en una mayor franja horaria y los centros y unidades de atención a usuarios.
Esta medida, anunciada por el propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad del pasado mes de mayo, obligará a amortizar 755 plazas vacantes procedentes de diferentes unidades administrativas, con la excepción de los servicios sociales. Asimismo, el regidor subrayó que se necesitará "un esfuerzo de eficiencia", por lo que se elaborará un plan para reordenar los recursos humanos y "optimizarlos al máximo". Además, ha destacado que la iniciativa también promoverá la conciliación laboral, y ha definido la decisión como "pionera en la Administración española".
Menos participación.
Sin embargo, la medida también tendrá otras consecuencias, como la anulación de las bodas civiles que el Consistorio celebraba hasta ahora en horario de tarde. Según ha criticado el Grupo Municipal Socialista, junto a los matrimonios civiles también se verá afectada la participación ciudadana, ya que la mayoría de los plenos de distrito y de los consejos territoriales se convocaban por la tarde para facilitar la asistencia de los vecinos.
Para la edil del PSOE Ángeles Álvarez, el adelanto del cierre "atenta contra el principio de participación ciudadana y contra el propio Reglamento Orgánico de los distritos, a los que se encomienda el desarrollo de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales". Además, la concejala considera que la medida, más que por motivos de ahorro, responde a "esa obsesión enfermiza del Ejecutivo municipal de quitar competencias a las juntas para ejercer el control administrativo de forma exclusiva y total" y a que Gallardón considera la participación ciudadana "prescindible y engorrosa".
Por otro lado, la oposición pide al Consistorio que abra las dependencias municipales "al menos un día al mes por la tarde" para poder celebrar bodas, y solicita que se reconsidere la decisión de programar los plenos de distrito y consejos territoriales por la tarde "porque suponen la apertura de dependencias municipales en ese horario sólo un día al mes".
"Contradicciones de Gallardón"
El portavoz de IU en asuntos de Participación Ciudadana, Ángel Lara, ha apuntado, a su entender, que "los ciudadanos serán los paganos de esta decisión" y ha considerado una "contradicción" que Gallardón "hable de participación ciudadana y, a la vez, impida que los ciudadanos participen en la vida política". Según sus datos, los plenos de distrito y los consejos interterritoriales se programarán a las 13 o 14 horas, pero Lara ha indicado que ha tenido "noticia de que en algunos casos se convocarán incluso a las 10 horas". "Esos órganos, donde se discute y se deciden propuestas que, en muchos casos, se elevan al Pleno de distrito, los ciudadanos tendrán muy difícil incluso asistir", ha reprochado.
Además, ha insistido en que "hay muchas otras partidas presupuestarias" de donde se podrían recortar gastos. "El PP, Gallardón, tienen una manera muy extraña de administrar el dinero público. Además, las cantidades de ahorro que maneja el Ayuntamiento por adelantar el cierre son ridículas en comparación con el presupuesto municipal", ha apostillado. Por ello, tanto los socialistas como IU, junto con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), iniciaron antes del verano una campaña de recogida de firmas con el fin de solicitar el apoyo a los madrileños para que el Ejecutivo rectifique.