La vuelta al siglo XIX

Las medidas tomadas por el Gobierno y por el conjunto de la UE para reducir los déficit presupuestarios con una injustificada, y no explicada, celeridad, se dirigen únicamente contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tanto en lo que tiene que ver con una reforma laboral que va a precarizar aún más las condiciones de trabajo y facilitar y abaratar el despido, como en lo que se refiere a la rebaja de sueldos a los funcionarios o a la congelación de las pensiones.

La huelga general convocada para el 29 de septiembre trata de dar respuesta a una situación que, por desgracia, no se agota en estas medidas, sino que, por el contrario, está inmersa en un proceso en que se pretende, por parte de los diferentes Gobiernos, seguir adoptando medidas de recortes sociales y de menoscabo de derechos.

Así, las amenazas de llevar la edad de jubilación a los 67 años y la de ampliar el periodo de calculo de las pensiones permanecen abiertas, así como en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado es muy posible que se intenten concretar nuevos ajustes y rebajas que profundicen en este equivocado camino de inmediatas reducciones del déficit a costa del gasto social, de los estímulos públicos a la actividad y al consumo y de la reducción de un desempleo que, en este erróneo rumbo, va a seguir creciendo, desde luego en el corto y en el medio plazo, como reconocen, bien que con la boca pequeña, los propios gobernantes que están tomando estas irreflexivas medidas.

Y justamente porque estamos hablando no sólo de las medidas ya tomadas, sino de las que se dibujan en el horizonte inmediato, es decir, por estar en medio de un proceso del que hemos conocido su traumático comienzo, pero pensamos que su continuación va a ahondar en la misma injusticia, es por lo que resulta imprescindible dar una respuesta contundente que frene esta deriva desreguladora del proceso puesto en marcha, mediante un apoyo masivo a la huelga general del próximo 29 de septiembre.

Pues bien, en este contexto conflictivo y de ataques continuos a lo que representa un Estado de Bienestar digno de este nombre, la presidenta de la Comunidad de Madrid se descuelga con unas declaraciones que van más allá de todo lo dicho y hecho hasta ahora por estos Gobiernos que se han rendido a las actuaciones de unos mercados que parecen dirigidos por los mismos especuladores y delincuentes que dieron lugar a la crisis.

Ahora, Aguirre, en un alarde no se sabe si de ignorancia o de intento de provocación, propone que el mercado laboral se rija no por el Estatuto de los Trabajadores y demás leyes laborales, sino única y directamente por el artículo 1255 del Código Civil en el que se dice que “las partes pueden pactar entre sí todo aquello que no se oponga a la ley, a la moral o al orden público”.

Despreciar a estas alturas todo el Derecho del Trabajo surgido a lo largo de muchos años para equilibrar en alguna medida la desigual relación entre empresarios y trabajadores, es proponer volver a épocas de explotación y semiesclavitud anteriores a la Revolución industrial del siglo XIX y, en definitiva, a una situación de barbarie que creíamos superada y, desde luego, que nadie en su sano juicio —y menos aún si se ostentan altas representaciones de instituciones democráticas, como es la presidencia de nuestra Comunidad—, puede proponer, ni aspirar a implantar, en un siglo XXI que debería ser incompatible con el establecimiento de nuevo de la ley de la jungla.

¿En qué condiciones puede pactar un trabajador en paro su contratación en una empresa bajo el único marco del citado artículo del Código Civil? ¿Qué libertad tiene en su negociación individual con el empresario? ¿De verdad se cree Aguirre que es esa una relación civil de igualdad?

A estas preguntas debería responder la presidenta madrileña. Pero si lo que pretende, en verdad, es hacer desaparecer toda la legislación laboral y todo el Derecho del Trabajo, que lo diga sin tapujos ni subterfugios. Porque de ser así, tendría la respuesta adecuada de las trabajadoras y trabajadores de esta región, que vamos a defender con uñas y dientes lo que ha costado tantos años de lucha, esfuerzo y sacrificio.

Que se sepa que para nosotros, para la UGT, es inaceptable de todo punto que se quiera aprovechar la actual situación de crisis económica y las injustas políticas que en nuestro país, y a nivel global, se están aplicando, para que se quiera hacer desaparecer el sustrato legal que aún puede garantizar esos equilibrios sociales sin los cuales lo que nos espera es la pura incivilidad, aunque se apoye la increíble propuesta en el Código llamado Civil.

Isabel Navarro Cendón
Secretaria Ejecutiva de Análisis y Estrategias de UGT-Madrid