El consejero de Economía y Hacienda,
Antonio Beteta, defendió tras conocer los planes del Estado la necesidad de que los funcionarios sacrifiquen su situación ante la crisis económica: "No puede permitirse que haya un
colectivo privilegiado que tengan un salario público garantizado de por vida y una estabilidad en el empleo".
Pero Beteta no se quedó ahí, y advirtió que el Gobierno regional ya redujo los sueldos en cinco consejerías, por lo que esperan que el Gobierno central siga los pasos de Madrid y afronte la situación de lucha contra la crisis. Ello incluye "las necesarias
reformas estructurales" (de los contratos de trabajo, la reducción de cotizaciones de las empresas a la seguridad social y otras, aumento de la competitividad) que el PP ha venido reclamando.
La Comunidad cree que el plan de reducción es una improvisación que va a atacar a "los más débiles y necesitados". En este sentido, el coordinador general y portavoz de
Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, mostró el rechazo "radical" de la coalición a la reducción del salario de los empleados públicos y a su congelación, excepto de lo altos cargos y los cargos de confianza, así como a la reducción de departamentos o la disminución del sector público empresarial. En su lugar IU quiere una reforma fiscal que haga que
los que más tienen paguen más, que se incremente la lucha contra el
fraude fiscal y que se recupere el
impuesto de patrimonio.
Los sindicatos dicen 'NO'
Según Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid, ahora es un momento de "austeridad y solidaridad". Ambos dos debería aplicárselas, según Gómez, el Gobierno de la Comunidad de Madrid frente al "
despilfarro de 850 millones de euros" que asegura ha hecho el Gobierno de Esperanza Aguirre entre propaganda, gastos financieros por una mala gestión, cargos a deuda, el 40 por ciento de incremento de altos cargos y el 58 por ciento de incremento en alquileres "cuando hay edificios del Gobierno regional vacíos".
Los secretarios generales de
UGT y
CCOO Madrid se han pronunciado duramente contra el plan de ajuste. José Ricardo Martínez (UGT) manifestó que habrá "un antes y un después" en sus relaciones con el Gobierno por la "agresión"
a los funcionarios con su bajada salarial. Javier López (CCOO), no descartó la convocatoria una huelga general en el caso de que el Gobierno apruebe las medidas de recorte sin llevar a cabo ningún tipo de modificación, según recogió Europa Press. Así, dijo que los ciudadanos no son los que tienen que costear la crisis mientras que los que presentan altos beneficios y han especulado "se van de rositas".