Izquierda Unida ha presentado este viernes un paquete de 101 medidas para superar la crisis. Proponen un modelo de empleo basado en la industria de calidad, un parque público único de viviendas de alquiler, políticas fiscales modulares y transparentes, y la creación de una renta social para desempleados.
Los candidatos de IU a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, Gregorio Gordo y Ángel Pérez, respectivamente, presentaron el catálogo de propuestas que las organizaciones de la formación repartirán en trípticos informativos este sábado en los municipios y distritos de la capital.
Los principales ejes de trabajo para transformar el modelo de crecimiento consistirían en la promoción del empleo público, la ampliación y buen uso de los recursos del EStado y las políticas de mejora del sector público y social. En cuestiones de empleo han propuesto un modelo industrial basado en la calidad y no el intensidad, de alto valor añadido. También la promoción de nichos de empleo emergente y estable como la dependencia y la atención a la infancia, como herramientas de rentabilidad económica y social.
La políticas de sector público y social inciden en el reequilibrio territorial, y en realizar un parque público de viviendas unificado entre los tres niveles de administración del Estado dentro de un consorcio que sea un verdadero factor transformador del mercado de la vivienda y la construcción (en Madrid hay 16.000 pisos de alquiler en un parque de 1,3 millones de casas). A nivel regional, este parque se podría construir en redes supramunicipales. A nivel local, descentralizado en la gestión de los distritos.
Modelo "depredador"
También políticas fiscales que modulen impuestos como el IBI, en función de la renta y el valor catastral de las casas, llegando a pagar las grandes fortunas hasta un 0,9 por ciento. Recordaron la importancia del respeto del Pacto Local a la Comunidad de Madrid y al Gobierno central. Proponen el cese de las privatizaciones y del modelo "depredador" del uso del suelo que supone costes de construcción de infraestructuras. No van a realizar políticas de operaciones singulares sino centradas en las personas.
También han criticado la eliminación de impuestos que han beneficiado a las grandes rentas, por los que se han dejado de ingresar 4.000 millones de euros que podrían haber servido para crear una renta social para los 150.000 desempleados de la región. Abogan por el desarrollo de reformas legales para evitar el perjuicio a los desahuciados y la creación de una serie de apoyos a este colectivo con necesidades. Por último, han comentado la voluntad de luchar contra la opacidad fiscal, potenciando la labor de la agencia tributaria.
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