La guerra Ayuntamiento-Comunidad afecta a la rehabilitación

No acudió representante alguno del Consistorio a la Comisión Bilateral de Vivienda en la que se han firmado acuerdos en esta materia con varios alcaldes de la región. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, lamentó la ausencia, a pesar de su mediación. "A última hora no ha sido posible que los representantes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid lleguen a un acuerdo tanto con las áreas de rehabilitación financiadas, como con respecto a las ayudas y la gestión de las ayudas destinadas a los madrileños", agregó.

Los acuerdos no firmados este miércoles (que representan más del 80 por ciento del convenio suscrito en el mes de febrero) se refieren a las actuaciones de 85 viviendas en el Área de Rehabilitación Integral (ARI) de la Mancomunidad de Santamaría, 1.725 viviendas del el ARI de la Meseta de Orcasitas, 1.219 en el ARI de Manoteras, 412 en el ARI DE la Mancomunidad de Santamarca; además del barrio de Tetuán, que vería ampliado su perímetro de actuación.

El director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Van-Halen, se mostró "sorprendido" por la ausencia. Recordó que no es la primera vez que este Consistorio no firma un convenio con la Comunidad y el Ministerio en aplicación de Áreas de Rehabilitación, concretamente en dos Áreas anteriores, "y por eso no están funcionando". Indicó que tres de los convenios no suponían ningún desembolso municipal. "Y, sin embargo, por el hecho de que no firmen, porque se ha empeñado el Ministerio en que tengan que firmar cuando no aportan fondos, eso quiere decir que supone un bloqueo. Me parece que darle la posibilidad de bloqueo al Ayuntamiento cuando estamos hablando de un convenio bilateral entre el Ministerio y la Comunidad es sorprendente", agregó.

Discrepancias
Por su parte, la directora general de Política de Vivienda del Ministerio, Anunciación Romero, aludió también a las "discrepancias en la gestión de las oficinas de rehabilitación entre la Comunidad y el Ayuntamiento" y manifestó que, según el Real Decreto que regula las ayudas del Plan Estatal, contemplan que para ser efectivos los acuerdos bilaterales entre Ministerio y Gobierno regional se requiere para las ARI de la firma de los consistorios afectados. "Lo normal es que se cuente con la Administración local, que es primordial a la hora de conceder las licencias de obras sobre su término municipal", añadió. "Que los acuerdos se llamen bilaterales, porque la relación de financiación es entre el Ministerio y la Comunidad no quita para que el Real Decreto, aprobado por todas las autonomías, recoge que es necesaria la firma de los ayuntamientos por respeto institucional. Sin firma del Ayuntamiento no hay ayudas", aclaró.

Aparte del enfrentamiento, se ha aprobado un ARI de Rascafría (35 viviendas, 300.300 euros), otro en la Plaza de España de San Fernando de Henares (38 viviendas, 228.000 euros), Villafontana 1 de Móstoles (116 viviendas, 580.000 euros), La Acebeda (12 viviendas, 99.902 euros), Pinilla del Valle (23 viviendas, 197.340 euros), San Nicasio de Leganés (160 viviendas, 800.000 euros), y Conjunto Humanes de Parla (42 viviendas y obras de urbanización, 1,4 millones).

Cambios unilaterales
La delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, reclamó a la comisión que mantenga el modelo de gestión empleado hasta la fecha en las ARI o no financiará aquellas operaciones que no hayan sido propuestas conjuntamente por los vecinos y la corporación local y que no sean gestionadas por la Administración municipal. "Hemos tomado esta decisión ante el hecho de que la Comisión ha decidido cambiar unilateralmente el modelo de gestión de la política de rehabilitación de viviendas que se ha venido aplicando con éxito en Madrid", explicó la edil.

Según Martínez, hasta ahora se ha seguido un modelo de gestión descentralizado, en el que el Ayuntamiento proponía, a partir de los acuerdos alcanzados con las asociaciones de vecinos y con los grupos municipales, las ARI. De entre las propuestas municipales el Ministerio y la Comunidad de Madrid decidían cuáles atender y, finalmente, el Ayuntamiento las gestionaba. Al ser un proceso en el que las tres administraciones participaban, la financiación corría también a cargo de las tres aunque la aportación económica más importante fuera la del Ayuntamiento de Madrid, que abarcaba las ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas,  junto con otras intervenciones en el entorno.
 
A partir de ahora se pretende seguir un modelo centralizado de base regional en el que la Comunidad propone, el Ministerio y la Comunidad deciden, y la Comunidad gestiona. Con la nueva fórmula, indican fuentes municipales, los representantes del movimiento vecinal y el Ayuntamiento de Madrid -incluidos los tres grupos municipales- han quedado excluidos de todo el proceso, desde la fase de propuesta hasta la de la gestión, y "lo lógico es que también queden al margen de la financiación".

La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) propuso este jueves la constitución de un consorcio gestor en el que participen las tres administraciones con el fin de desbloquear el conflicto.